El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dictado la apertura de juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, el excomisario de policía José Manuel Villarejo y otras catorce personas. Todos ellos, entre los que figuran antiguos altos directivos de la entidad bancaria y diversos mandos policiales, se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por los encargos presuntamente ilegales realizados a la trama empresarial del excomisario entre los años 2004 y 2016. Esta decisión supone el final de la instrucción de la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem' y marca uno de los hitos judiciales más relevantes en la historia reciente del sector financiero.
En el auto, fechado este mismo jueves, el magistrado instructor recoge los escritos de acusación formulados tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por las diversas acusaciones particulares. De este modo, envía a juicio al BBVA como persona jurídica por la presunta comisión de delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La situación procesal de la antigua cúpula de la entidad es aún más comprometida. En el caso específico de Francisco González, quien fuera el máximo responsable del banco, el instructor le procesa por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
Penas de cárcel astronómicas y multas millonarias
Las penas solicitadas por el Ministerio Público reflejan la gravedad de los hechos investigados. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de cárcel que ascienden a 173 años para el expresidente Francisco González. Las cifras no son menos asombrosas para el resto de los principales implicados: para el excomisario Villarejo se solicitan hasta 216 años de prisión (174 años según otras partes del escrito fiscal), mientras que para el exjefe de Seguridad del banco y excomisario, Julio Corrochano, se reclama la condena más alta, alcanzando los 243 años de cárcel. Por su parte, el BBVA se enfrenta a una petición de multa de 181 millones de euros.
Junto a González y Corrochano, la lista de procesados incluye a la plana mayor de la entidad durante aquella época. Destacan el ex consejero delegado del banco, Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu; el exdirector del gabinete de presidencia, Joaquín Gortari; y el exdirector de Riesgos, Antonio Béjar.
Para asegurar las responsabilidades civiles derivadas de estos ilícitos, el juez Piña ha fijado fianzas millonarias —cifradas entre 1,17 y 1,73 millones de euros— con el apercibimiento claro de que se embargarán sus bienes si los acusados no depositan la cantidad en un plazo improrrogable de tres días. A partir de este momento, las defensas disponen de diez días para presentar sus respectivos escritos y proponer pruebas para la vista oral.
"Un sistema sin control interno y obediencia ciega"
El relato judicial expone un modus operandi basado en el total desprecio por los mecanismos de control interno del banco. Según argumenta el juez, la contratación de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, fue un recurso "anómalo e ilegal" introducido por Corrochano (fichado en 2002) y que contó con la "expresa aquiescencia" de Francisco González.
Todo este entramado de espionaje corporativo pudo florecer debido a que el BBVA "carecía de un programa de prevención" que auditase las decisiones de la presidencia. A pesar de que los pagos y facturas a la empresa del comisario "incumplían todas las normas internas de procedimiento", los empleados encargados de su tramitación las aprobaban de forma sistemática. Existía, según detalla el escrito, una "convicción firme y arraigada" de que se debían acatar las órdenes de la cúpula directiva, al margen de la legalidad o la normativa interna.
Seguimientos, pinchazos y espionaje corporativo
Villarejo, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su puesto dentro de la Policía Nacional, construyó una estructura opaca para lucrarse valiéndose de la confianza de sus compañeros, como el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño.
El BBVA contrató estos servicios sabiendo, según el juez, "quién era esta entidad y sus métodos de investigación". A lo largo de más de una década, se ejecutaron "proyectos de inteligencia" que incluyeron seguimientos físicos, intervención ilícita de tráfico de llamadas, consultas a bases de datos policiales y la averiguación patrimonial de numerosos objetivos, entre los que figuraban empresarios, abogados y periodistas.
A pesar de la contundencia del auto y de la apertura de juicio oral —un proceso iniciado en su día por el juez Manuel García Castellón—, la entidad financiera mantiene intacta su línea de defensa. Tras conocerse la resolución, fuentes del BBVA han reiterado que la entidad "siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal" para el banco. Será ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la encargada de dictar sentencia.