La abolición de la ‘mili’ cumple 25 años bajo la amenaza de la restauración

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El próximo 9 de marzo se cumplirán 25 años de la promulgación del real decreto que programaba para el 31 de diciembre de 2001 la defunción definitiva del servicio militar obligatorio en España. En realidad, lo que hacía aquella norma era adelantar en un año la suspensión que la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas había fijado anteriormente para día de Nochevieja del 2002. Un cuarto de siglo más tarde, hablar de la mili parece algo reservado a las anécdotas más o menos jocosas que cuentan personas -en este caso, hombres- que ya peinan canas y a quienes les tocó pasar por aquel trance. Aunque eso podría cambiar a la vista de los aires belicistas que corren en el revuelto tablero geopolítico en el que está inmersa Europa. El debate sobre su reimplantación se ha abierto en muchos países y en algunos casos, como el de las repúblicas balcánicas de Croacia o Serbia, acaban de dar el paso este año 2026, siguiendo la estela de otros que lo hicieron recientemente, como Letonia (2024). La mancha de aceite se extiende por el continente, si bien de momento no parece salpicar al Estado español, donde casi nadie parece con ganas de abrir ese melón.

La incógnita es: ¿será cuestión de tiempo? Algunas encuestas recientes, como la del barómetro de La Sexta de finales del pasado mes de noviembre, reflejan un rechazo mayoritario de la población española -el 78,3%- a la recuperación del servicio militar obligatorio. Pero esta no es una opinión que comparten los votantes de Vox, que en su práctica totalidad -un 98,3%- se muestran favorables a una medida que viene propugnando desde hace un tiempo el partido ultraderechista, una formación marcadamente al alza en el panorama político estatal.

Por otro lado, está la presión de un entorno que busca ampliar el número de efectivos de sus fuerzas armadas. A finales del año pasado, Bélgica invitó a 150.000 adolescentes a realizar un servicio voluntario de un año con un sueldo neto de 2.000 euros al mes. Para este 2026 está previsto seleccionar solamente 500 jóvenes -hombres y mujeres-, cifra que se incrementaría en años posteriores hasta alcanzar los 7.000 efectivos. También en Francia, el presidente Macron ha anunciado la entrada en vigor este verano de una mili voluntaria de 10 meses para chicos y chicas de 18 y 19 años, con lo que pretende reclutar más de 10.000 jóvenes al año. El incentivo rondaría los 900 euros mensuales, una minucia comparado con los 2.600 que ofrece Alemania a quienes se animen a hacer el servicio militar voluntario. En este caso, el Gobierno de Friedrich Merz va más allá al establecer que, si no se alcanzan los objetivos de reclutamiento -unas 5.000 a 10.000 personas anuales inicialmente-, el Parlamento podrá activar la conscripción obligatoria. Lo que ya es de obligado cumplimiento para todos los hombres alemanes mayores de 18 años -voluntario en el caso de las mujeres- es rellenar un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio.

Objeción de conciencia

Xabier Ormaetxea duda de que estos ensayos de regreso a la vieja fórmula del reclutamiento forzoso vayan a cuajar. “Los ejércitos de leva no sirven para nada en la actualidad. Eso pasó a la historia. Hoy en día, las guerras son tecnológicas”, remarca el exparlamentario del PNV. En su juventud, él y otros compañeros de EGI como Iñigo Urkullu o Roberto Otxandio, entre otros, forjaron el embrión del movimiento de objeción de conciencia de las juventudes jeltzales. “Para nosotros, el servicio militar tenía toda la negatividad posible. Te truncaba la vida en un momento importante, si estabas estudiando o querías empezar a trabajar”, apunta. Se declararon objetores a principio de los 80, antes de que en diciembre de 1984 se aprobara la Ley reguladora de la Objeción de Conciencia y la Prestación Social Sustitutoria (PSS), que intentaba dar solución a un fenómeno creciente. “Al principio éramos pocos, pero para cuando se hizo la ley, se hablaba de que había más de 30.000 objetores reconocidos en todo el Estado. No había manera de darles salida. Sabíamos que a los que nos habíamos declarado objetores antes de la ley, nos iban a dar una amnistía”, rememora Ormaetxea. Y así fue. Ni él ni aquellos compañeros de EGI tuvieron que hacer la PSS, el servicio no renumerado en entidades sin ánimo de lucro, como la Cruz Roja, que se establecía para quienes se negaban a incorporarse al ejército.

Tsunami imparable

Lejos de poner coto al movimiento, la regulación de la objeción de conciencia propició un tsunami que acabaría llevándose por delante a la mili. Se calcula que, cuando esta se vio abolida en 2001, el número de objetores acumulados durante los años anteriores alcanzaba el millón de jóvenes. “Prácticamente el 50% de quienes eran llamados a filas se declaraban objetores”, señala Ormaetxea. De hecho, en el 2000, el año anterior a la desaparición de la mili, se registraron 132.254 solicitudes de objeción, una cifra bastante por encima del número de reclutas que se incorporaron al ejército. A todo ello había que sumar el movimiento de insumisión, que eclosionó con fuerza en la década de los 90. Según algunos cálculos, llegaron a ser cerca de 50.000 los jóvenes que se negaban a realizar tanto el servicio militar como la PSS. En torno a 1.600 cumplieron pena de prisión. Fue una corriente que tuvo un seguimiento muy destacable en Hego Euskal Herria, donde en esos años, en torno al 5% de los jóvenes llamados a filas optaban por la insumisión.

“Hubo algunos insumisos en EGI, pero en general fueron pocos. En nuestro caso, era un tema más práctico, había que librarse de eso como fuera y no meternos en grandes peleas, aprovechando los resquicios legales para no hacer el servicio militar. Cuando te declarabas objetor, decías que era por motivos éticos y religiosos, pero en realidad en nuestro caso era porque te fastidiaba la vida y porque no queríamos participar en el ejército español”, apostilla Ormaetxea.

Ante tal marea de desobediencia y rechazo a la mili, al Estado, contrario de partida a su abolición, no lo quedó más remedio que hincar la rodilla y acabar con ella para transitar hacia un ejército puramente profesional. Lo hizo con José María Aznar como presidente. En su primera legislatura se aprobó la ley que fijaba para finales de 2002 la suspensión del reemplazo obligatorio y ya en su segundo mandato, ante lo insostenible de la situación, optó por adelantarlo al 31 de diciembre de 2001. “Pensaron que era mejor quitarse el problema de encima”, opina el exparlamentario jeltzale.

Aquello fue celebrado en su día como una gran victoria de la presión popular. Sin embargo, 25 años después, lo agitado del panorama internacional hace replantearse a algunos el rumbo iniciado con la entrada del nuevo milenio. Pese al movimiento de fichas hacia un reclutamiento, ya sea obligatorio o voluntario, que se ve desde hace un tiempo en varios países con el fin de reforzar sus fuerzas armadas, para Ormaetxea “por mucho que digan, los ejércitos en Europa van a seguir siendo totalmente profesionales. En caso de guerra se puede movilizar a la gente, pero eso es otra historia”. Entiende que la UE “debe tener una defensa y política exterior comunes” y que, por tanto, es necesario ir hacia “un ejército europeo con capacidad real para defenderse”, a su juicio. “Pero para eso no hacen falta soldados de reemplazo. Hace falta tecnología. Y cada vez es más importante la formación. Hoy en día, el manejo de drones, clave en los conflictos bélicos, requiere una formación técnica y un tiempo que en el servicio obligatorio no son posibles. Por eso hay que convertirlo en una salida profesional”.

Antimilitaristas realizan una protesta en un buque militar. KEM MOC

Protestas

Y, por otro lado, está el rechazo que un reclutamiento forzoso, o incluso voluntario, genera en la juventud actual. Se está viendo en países como Alemania, donde el pasado mes de diciembre miles de jóvenes se movilizaron en más de 90 ciudades bajo el lema No queremos ser carne de cañón. Allí, organizaciones como Sociedad Alemana por la Paz están llamando a ignorar o destruir los cuestionarios que están obligados a cumplimentar los hombres nacidos a partir de 2008. Y, más recientemente, el pasado 20 de enero, grupos de jóvenes se manifestaron en Baiona para protestar contra el inicio de la campaña de reclutamiento para la mili voluntaria que ha impulsado Macron en Francia y que ven como un paso previo a la imposición de un servicio obligatorio. Del mismo modo, Ormaetxea ve imposible que la juventud del Estado español asuma una vuelta a aquella fórmula y más aún en el caso de Euskadi, “donde hay un rechazo total a cualquier cosa que suponga militarismo”.

"Beber y fumar porros"

A todo lo esgrimido, el en su día objetor de conciencia agrega la propia inutilidad de esos meses encerrado en un cuartel. “Lo que cuenta la gente que hizo la mili es que lo único que hacían era beber, fumar porros, escaquearse y hacer el vago en una institución que solo inculcaba valores cutres y casposos. Era un desastre. Es verdad que para algunos, en otra época, era la oportunidad de salir por primera vez del pueblo o incluso de aprender a leer y escribir, pero eso pasó a la historia. Estamos hablando de la sociedad del siglo XXI y, hoy en día, un servicio militar iba a ser un fracaso”, remacha Ormaetxea.

El 8 de noviembre del 2000 se realizó el último sorteo del reemplazo del 2001, el que marcó el fin de la mili. En él se estableció el destino de 90.625 jóvenes. La oficina del Defensor del Soldado admitía ese mismo día que, según sus previsiones, el 75% de los destinados se acogería a la objeción de conciencia. Solo queda saber si aquel nivel de respuesta tan irrefrenable se repetiría ahora, en el hipotético caso de que se restaurase el servicio militar obligatorio.