El exasesor ministerial Koldo García también ha acudido al Tribunal Constitucional (TC) para que suspenda cautelarmente su condena de 19 años y ocho meses de cárcel mientras resuelve su recurso contra la sentencia que dictó el Tribunal Supremo (TS) contra él por corrupción en contratos de mascarillas.
Como hizo José Luis Ábalos -quien fuese su superior en el Ministerio de Transportes durante años-, Koldo García ha presentado un recurso de amparo a la corte de garantías en el que pide que anule la condena del Supremo por vulneración de una serie de derechos fundamentales.
Entre ellos, el del juez ordinario predeterminado por la ley, al insistir -como ha hecho desde el principio- en que el Supremo no era el órgano judicial competente para juzgar los hechos porque Ábalos renunció a su acta de diputado -y, por tanto, a su aforamiento-, en enero de 2026, de manera que el caso debería haberse ido a la Audiencia Nacional, según su tesis.
Órgano judicial competente
Por ello, en su recurso, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, solicita al TC que ordene retrotraer el procedimiento para que la causa respecto a Koldo García "se remita al órgano judicial competente" o, subsidiariamente, anule el auto en el que el Supremo rechazaba el incidente de nulidad que presentó la defensa contra la sentencia y dicte uno nuevo. Y mientras estudia todas estas alegaciones, el exasesor solicita al TC -como hizo Ábalos- que mantenga en suspenso la ejecución de su condena.
La abogada Leticia de la Hoz, que firma el recurso aunque finalmente ha decidido renunciar a la defensa de Koldo García, carga contra lo que considera una "conformidad parcial" del comisionista Víctor de Aldama con la Fiscalía, "que la ley no admite".
Explica que Aldama -el único acusado que no entró en prisión al serle suspendida la condena de 4 años y medio de cárcel por colaboración- obtuvo dos grados de rebaja y dicha suspensión, y cuestiona que "el acuerdo" no constase "por escrito", de manera que "la defensa no pudo conocer su gestación".
Al inicio del juicio y ante los cuestionamientos de las defensas, la Fiscalía Anticorrupción subrayó en que "no hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Víctor de Aldama" y, cuando finalizó la vista oral, mantuvo su petición de 7 años de cárcel para él, aunque finalmente el Supremo le condenó a 4 años y medio.
"Segunda condena"
También insiste la defensa una vez más en que la Audiencia Nacional sigue investigando a Koldo García "por los mismos ingresos y la misma operativa juzgada" en la parte del caso que se quedó este órgano judicial por no estar directamente relacionada con Ábalos. Es más, recientemente la Fiscalía solicitó su procesamiento. Esto, a juicio de la defensa, abre la puerta a "una segunda condena", ya que la sentencia del Supremo sirve de material para ese procedimiento.
Además, el recurso señala que el Congreso otorgó el suplicatorio para proceder contra Ábalos cuando aún era parlamentario por los contratos de material sanitario y determinados alquileres, pero la condena se extiende a otros hechos, como el 'enchufe' de su expareja en dos empresas públicas. Con todo, la abogada denuncia ante el TC la vulneración de derechos como el de la igualdad, tutela judicial efectiva, defensa o presunción de inocencia, entre muchos otros.