O yo estoy muy confundido y empiezo a imaginarme las cosas o no responde a la realidad que el Lehendakari haya abierto el debate o el melón, como decimos en términos coloquiales, de la necesidad de unos órganos judiciales propios para los tres territorios de la Comunidad Autónoma.

Un repaso a las hemerotecas basta para encontrarnos a Iñigo Urkullu hace exactamente 6 años afirmando que no cejaría en el empeño de dar respuesta a la legítima aspiración de contar con una justicia propia.

Son palabras literales pronunciadas en la apertura del año judicial en Euskadi en presencia, entre otros, del entonces delegado del gobierno español, Carlos Urquijo.

Me cuesta poco imaginar cuánto arrugaría el morro el berroqueño político alavés del PP . 

No deja de ser curioso, a la vez que revelador, que el primero que se ha mostrado contrario a la propuesta sea quien hoy ocupa el mismo cargo que Urquijo. Dijo ayer Denis Itsaso que no era partidario porque la justicia ya tiene diferentes niveles.

Y efectivamente, ese es el problema, que todos esos niveles atienden a una misma obediencia, que es la española. Si se vuelve a reclamar un sistema judicial propio es precisamente porque la experiencia demuestra que esa estructura opera al servicio del Estado para actuar, casi en sentido literal, como juez y parte de cada conflicto de competencias que se presenta.

Cualquiera que crea en el autogobierno algo más que de boquilla no debería tener el menor problema en entrar, más allá de topicazos, sobre lo identitario y dogmas ideológicos, a la cuestión que ha vuelto a poner sobre el tapete el Lehendakari,