Otros dos testigos desvinculan a la Fiscalía de la filtración sobre la pareja de Ayuso

En la tercera jornada del juicio en el Tribunal Supremo por la supuesta filtración del correo sobre la confesión fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, los dirigentes socialistas Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera han negado cualquier implicación del Gobierno o de la Fiscalía en la recepción del documento que desató la polémica en marzo de 2024.

Tanto Lobato como Sánchez Acera comparecieron como testigos para explicar cómo llegó a ellos ese documento y, sobre todo, para deslindar cualquier relación entre su origen y el Gobierno Sánchez o la Fiscalía. Los dos coincidieron en negar que la información proviniera de Moncloa, una hipótesis que el juez instructor Ángel Hurtado había alimentado meses atrás y que ya fue descartada por la Sala de Apelaciones. “Por criterio de prudencia, y como técnico de Hacienda, preferí no utilizar un documento cuyo origen no estaba certificado”, explicó Lobato ante el tribunal.

El hoy senador socialista relató que esa mañana del 14 de marzo de 2024 decidió frenar la exhibición del documento en el pleno de la Asamblea madrileña. A su juicio, la veracidad de su contenido –que confirmaba la confesión de Alberto González Amador, pareja de Ayuso– no bastaba para convertirlo en un arma política inmediata. “Esperé a que se hiciera público. No me pareció prudente ser yo quien lo mostrara antes de que lo difundieran los medios”, insistió.

Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa y hoy secretaria de Organización del PSOE madrileño, reforzó esa versión. Según su testimonio, recibió el archivo a primera hora del 14 de marzo de un periodista, aunque asegura no recordar su nombre ni el medio al que pertenecía. “Me llegó de un medio de comunicación, no del Gobierno. Pasaron ocho meses y no he podido comprobar quién fue la persona”, declaró. También precisó que no se trataba del famoso correo del abogado Carlos Neira fechado el 2 de febrero, sino de “otro documento distinto”.

Ambos testigos insistieron en que no hubo instrucciones ni órdenes desde Presidencia. “Quizá algún consejo, pero órdenes desde luego que no”, matizó Lobato, en una frase que parecía más destinada a cerrar una sospecha política que a responder a una pregunta judicial.

Una batalla política

La sesión de este miércoles no solo buscaba esclarecer el recorrido de un correo electrónico, sino también el trasfondo de una de las mayores tormentas políticas que ha sacudido a la Comunidad de Madrid. La noche anterior, el 13 de marzo, varios medios habían publicado informaciones cruzadas sobre una supuesta oferta de la Fiscalía a González Amador para pactar una confesión por delitos fiscales. La realidad, según se supo después, era otra: el ofrecimiento había partido de la defensa del empresario, no del Ministerio Público. Esa confusión alimentó el discurso del todopoderoso Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, quien difundió la versión de que “desde arriba” –una alusión directa a Moncloa– se había ordenado retirar el pacto. La confrontación política se encendió al instante, y el documento de confesión, que desmentía esa versión, se convirtió en el punto neurálgico del conflicto.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, recordó durante la vista que la posible responsabilidad de Moncloa quedó fuera del proceso. “El objeto del juicio es el que es; la Sala ya retiró esa parte”, subrayó, en una frase que pareció poner orden entre tanta sospecha acumulada.

La jornada también tuvo su capítulo mediático. Tres periodistas comparecieron para explicar cómo se gestó la publicación de las primeras informaciones. Los tres se reafirmaron en la veracidad de los datos y se acogieron a su derecho a no revelar las fuentes.