Juan Cuatrecasas, quien encabeza la Asociación Infancia Robada, ha expresado en Onda Vasca su satisfacción ante el acuerdo referente al mecanismo de compensación para los afectados por abusos en el ámbito eclesiástico, destacando que representa un avance fundamental en el camino hacia la justicia y el reconocimiento. "Recibimos el acuerdo con satisfacción, es un paso importante", asegura.
Uno de los ejes centrales de esta valoración positiva es la confianza depositada en la oficina del Defensor del Pueblo, que Cuatrecasas describe como una gestión empática y rigurosa. Según el representante de las víctimas, la intervención de Ángel Gabilondo, Defensor del pueblo, ha sido crucial para actuar como un testimonio fiel de una problemática que la jerarquía católica ha mantenido bajo el velo del silencio y la inacción durante décadas.
El Gobierno español y la Iglesia firman un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia
Mediante esta nueva vía la Iglesia ya no tendrá la última palabra sobre los criterios de resarcimiento, sino que estos vendrán determinados por una autoridad independiente. Cuatrecasas subraya que este logro es, ante todo, el resultado de la perseverancia de las víctimas, a quienes define como el verdadero motor de las reformas, y lamenta que algunas de ellas hayan fallecido antes de ver estos resultados. Asimismo, resalta que la colaboración del Gobierno y de diversas fuerzas parlamentarias, junto con la sintonía mostrada por la Santa Sede, ha sido determinante para vencer las resistencias internas de la Iglesia española.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, el ministro Félix Bolaños ha precisado que el núcleo de este acuerdo reside en la capacidad del Estado para definir las cuantías reparadoras, las cuales deberán ser abonadas íntegramente por la Iglesia católica. El procedimiento implica la creación de unidades especializadas para tramitar las solicitudes y la participación de una comisión mixta en caso de desacuerdos, siempre con el objetivo de saldar una deuda moral e histórica con quienes sufrieron daños durante años de ocultación.
Bolaños, tras la firma del acuerdo para reparar a las víctimas: "El Estado decide la indemnización, la Iglesia católica la paga"
Máximo de dos años
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española ha matizado que este marco de colaboración tiene una naturaleza provisional, con una duración máxima de dos años, enfocándose principalmente en casos que no pueden ser juzgados en tribunales por haber prescrito o por la muerte de los autores. Aunque la institución religiosa ha revelado que ya ha destinado casi dos millones de euros en compensaciones a través de sus propios planes, insiste en que su adhesión a este nuevo sistema responde a un deber ético voluntario y no a una obligación jurídica impuesta. Además, los obispos han solicitado que el Estado extienda este compromiso de reparación integral a otros ámbitos de la sociedad civil donde también se producen abusos y que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta.
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