El Ministerio del Interior ha decidido retirar los espráis de defensa individual de la Policía Nacional en los dispositivos de orden público, como las manifestaciones. Sin embargo, la cartera de Fernando Grande-Marlaska recula y sí que seguirá dotándoles de botes de humo lacrimógeno, que considera “inocuos” y “no lesivos”. Este cambio, anunciado tras la polémica por las cargas policiales durante la huelga general del 11N, obliga a reescribir el protocolo interno de los agentes y abre un nuevo frente con los sindicatos policiales, para quienes esta decisión los deja “vendidos e indefensos”.
La orden, confirmada este viernes por Interior, establece que los antidisturbios no podrán usar aerosoles individuales en sus operativos, pero los agentes de seguridad ciudadana sí los conservarán. Así, quienes patrullen por ejemplo en los vehículos “zeta” podrán recurrir al espray si necesitan inmovilizar a una persona para detenerla.
En cambio, en manifestaciones y otros dispositivos de orden público los policías tendrán que apañarse sin él y limitarse a los artificios ATL. Se trata de botes que se lanzan a varios metros de distancia con bocachas acopladas a las escopetas reglamentarios y que generan una “nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo”, según la descripción del propio ministerio.
El giro llegó después de que en la víspera Grande-Marlaska ordenara prohibir el uso de gas lacrimógeno en manifestaciones. Lo hizo tras poner en duda la proporcionalidad de algunas intervenciones policiales durante la jornada de huelga y ordenara una investigación específica sobre las cargas. Por su parte, la Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió el pasado jueves una información reservada para esclarecer lo ocurrido.
Los antidisturbios no creen que el cambio sirva de algo
En las filas policiales no lo ven claro. Fuentes conocedoras de los dispositivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), consultadas por la agencia Europa Press, dudan de que quitar los espráis reduzca el impacto de las actuaciones. A su juicio, los botes lacrimógenos pueden afectar más a los manifestantes, porque la nube de humo se extiende por un radio más amplio que el gas dirigido de forma individual.
Estas mismas fuentes aseguran que ambos medios contienen componentes químicos muy parecidos y provocan efectos lesivos temporales comparables. Además, advierten de que esta nueva instrucción podría aumentar las situaciones de “cuerpo a cuerpo”, con el consiguiente riesgo de lesiones tanto para los agentes como para los ciudadanos.
Hasta ahora, la UIP disponía de espráis y botes de humo en el primer escalón del uso de la fuerza. Sus protocolos marcan que en el segundo escalón se recurra, llegado el caso, a pelotas de goma y, finalmente, a la defensa “cuerpo a cuerpo” con la porra reglamentaria.
Expertos sanitarios consultados por la agencia Efe distinguen entre los efectos del gas pimienta y los de los lacrimógenos, que tienen composición sintética. Coinciden, eso sí, en que ambos causan síntomas de corta duración pero “intensa” y efectos secundarios leves, “molestos”, aunque tratables.
Un protocolo recién estrenado
Y, por si fuera poco, a la polémica de las cargas policiales se le ha sumado un último ingrediente. El protocolo que regulaba el uso de los espráis se había actualizado el pasado 19 de octubre, es decir, menos de un mes antes de la huelga del 11 de noviembre. El documento, firmado por el responsable de la Subdirección General de Logística e Innovación y con el visto bueno del director adjunto operativo (DAO), incorporó nuevos modelos de aerosoles a la dotación policial.
El texto recoge dos formatos de este equipamiento: el Rass Stream MK3, de uso individual, y el MK9, pensado para el orden público. Los dos están formulados con oleorresina de capsicum, un extracto natural concentrado de plantas del género Capsicum, como los chiles, los ajíes o los pimientos picantes.
Según el protocolo, estos productos no necesitan agitarse, se pueden utilizar en espacios cerrados y permiten una aplicación selectiva, porque el viento no los dispersa. El documento también subraya que cuentan con la homologación del Ministerio de Sanidad y admite que “su uso implica la exposición a un agente químico que puede provocar irritación ocular, dérmica y respiratoria y que, no obstante, desde el punto de vista preventivo, este riesgo químico se considera tolerable y controlable”.
Su uso estaba autorizado “a una distancia recomendada mínima de tres metros” y solo ante agresiones o resistencia activa que pusieran en riesgo la integridad del policía, la de terceros o la seguridad ciudadana. No se aconsejaba emplearlos frente a resistencias pasivas, personas engrilletadas o colectivos vulnerables, como menores, ancianos, embarazadas o ciudadanos con problemas de salud.