Actualizado hace 34 minutos
La tensión se ha trasladado este lunes a las puertas de la factoría de Tubos Reunidos en Amurrio. Este lunes la plantilla está llamada a secundar la primera de las dos jornadas de huelga convocadas esta semana para protestar contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la compañía. Esta jornada de paro coincide con una cita crucial: la reunión entre la dirección y el comité de empresa en la que se detallará el impacto real de los despidos, que inicialmente se estiman en al menos 130 trabajadores, aunque los sindicatos temen que la cifra sea significativamente superior.
El comité de Tubos Reunidos pide la retirada del ERE y asegura que "luchará para evitar la destrucción de empleo"
Lunes de paros y protestas en Aiaraldea
La movilización comenzó oficialmente a las 22:00 horas de este domingo, coincidiendo con la entrada del turno nocturno, y se prolongará durante 24 horas hasta la noche de este lunes. El seguimiento a la huelga ha sido total en el turno de noche. A las 07:00 horas, cientos de trabajadores se han concentrado en el puente de entrada a la fábrica de Amurrio para visibilizar su rechazo a lo que consideran una destrucción de empleo injustificada.
Esta no será la única jornada de lucha. El comité de empresa ya ha anunciado una segunda huelga para el próximo viernes, día 13 de febrero. En esa ocasión, los trabajadores tienen previsto desplazarse a Vitoria-Gasteiz para reunirse con representantes de las instituciones y exigir una intervención directa que garantice el futuro industrial de la comarca de Aiaraldea, una zona ya duramente castigada por el cierre de otras grandes empresas.
El ERE bajo la lupa: ¿Medida estructural o coyuntural?
La dirección de Tubos Reunidos justifica este drástico recorte basándose en la pérdida de su principal mercado, el estadounidense, debido a los aranceles del 50% al acero impuestos desde la administración de EE. UU.. Además, la empresa esgrime una deuda de casi 250 millones de euros, frente a un valor de mercado actual sensiblemente inferior.
Sin embargo, la parte social rechaza de plano estos argumentos. Desde el sindicato ESK, Gorka Abascal denuncia que la empresa pretende aplicar "medidas estructurales" ante problemas que son puramente "coyunturales". Según los sindicatos, la actual plantilla es necesaria para cuando la situación macroeconómica mundial y la crisis arancelaria remitan, algo que ya ocurrió en el pasado mandato de Donald Trump. "La empresa remontó tras los anteriores aranceles; no es necesario destruir empleo para ser viables", sostienen desde la representación de los trabajadores, recordando que en 2023 Tubos Reunidos obtuvo beneficios "récord" precisamente gracias al mercado norteamericano.
Denuncian una estrategia de precarización
Una de las críticas más feroces de los sindicatos es la sospecha de que el ERE esconde una estrategia para sustituir empleo de calidad por mano de obra precarizada. ESK sostiene que la dirección busca quitar trabajo con derechos consolidados para, en un futuro cercano, recontratar mediante personal eventual o subcontratas.
Por su parte, desde UGT-Euskadi, Tximi López ha expresado su temor de que los despidos superen "con mucho" los 130 inicialmente previstos, basándose en la caída del volumen de producción. El sindicato ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que cualquier ayuda económica esté condicionada al mantenimiento de los puestos de trabajo. Recuerdan que Tubos Reunidos ya ha recibido unos 100 millones de euros por parte del Gobierno Vasco, y consideran inadmisible que se utilice dinero público sin garantías de continuidad para la plantilla.
Jauregi asegura que intentarán lograr la continuidad de Tubos Reunidos y "minimizar el impacto social del ajuste"
Hacia una gran siderurgia vasca
Ante la crisis que atraviesa el sector en la zona, desde UGT se ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de impulsar una gran siderurgia vasca mediante la fusión de empresas como Tubacex, Tubos Reunidos y Sidenor. Esta medida se plantea como una posible solución a largo plazo para evitar el desmantelamiento industrial de la comarca y proteger el empleo de calidad que históricamente ha definido a la margen izquierda y a Aiaraldea.
Mientras tanto, la atención de los 900 operarios de Amurrio y los 300 de Trapagaran permanece fija en el resultado de las reuniones de este lunes. La mesa negociadora, compuesta por delegados de ELA, UGT, LAB, CCOO y ESK, tiene por delante el reto de frenar unos despidos que, según denuncian, solo buscan aumentar la rentabilidad a costa de la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de vida en la región.
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