El fiscal general presenta su dimisión antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó su renuncia al Gobierno español sin esperar a que el Tribunal Supremo (TS) ejecute la condena que le inhabilite para el cargo durante dos años por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz solicita que el Consejo de Ministros acuerde su cese alegando que “es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”.

“El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad –siempre presente en mi mandato– de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general”, dice el ya ex fiscal general.

Es el paso preceptivo para que el Gobierno español active el mecanismo para nombra al nuevo número uno en el ministerio público. Y como siguiente paso el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha dejado entrever que intentará corregir los aspectos “controvertidos” de la sentencia en el Tribunal Constitucional (TC), que cuenta con una mayoría de jueces y juezas progresistas. Moncloa también baraja un recorrido por los tribunales europeos.

En la misiva, García Ortiz afirma que su renuncia “es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”. En este sentido afirma que “una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

El fiscal entiende que “esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país” ha acordado inhabilitarle, “tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento”.

El fallo se adelantó la semana pasada pero la sentencia aún no está redactada. De momento, solo se conoce un párrafo en el que dicta el fallo con los términos de la condena, tanto de la inhabilitación como de la multa correspondiente.

A pesar de dar este paso, García Ortiz expresa su “convencimiento” de “haber servido fielmente a la institución”, “con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. Además, agradece al Gobierno español su nombramiento como fiscal general del Estado. “La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo” al renunciar al cargo, subraya.

Ahora, hasta que el Gobierno designe nuevo fiscal general del Estado, algo que Bolaños ya anunció la semana pasada que harían, la Fiscalía queda en manos de la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, persona de confianza de García Ortiz que fue quien ejerció de fiscal en el juicio, reivindicando su inocencia.

Nuevo fiscal general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que el contenido de la carta de García Ortiz refleja el “servidor público” que ha sido y le deseó suerte y su total respeto y consideración. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, puso sus requisitos mínimos “de solvencia e independencia” para la designacón del nuevo fiscal general. A su juicio, debe contar con “el aval” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debe ser un jurista de “reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión” y que no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años.

Bajo estas condiciones, a su juicio, “no habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia”, enfatizó.

Isabel Díaz Ayuso denunció que Pedro Sánchez y su Gobierno creen estar “por encima del Supremo” de manera que “nada ni nadie les puede juzgar”, hasta el punto de que “le dicta sentencias y le va a corregir”. “Al Supremo le ha nacido otro supremo”, aseveró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo un llamamiento a defender la democracia al considerar que, después de la condena al fiscal general, “ha llegado la hora de dar un paso adelante”. En este sentido, añadió que “hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte vulnerando su mandato constitucional y, sobre todo, la separación de poderes”. Podemos urgió a reformar el Poder Judicial “de arriba a abajo” tras la condena al fiscal general del Estado, que considera un ejemplo claro de “lawfare y golpismo judicial”.