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Según los datos oficiales del INE, el municipio de Aulesti cuenta con 639 habitantes y alrededor de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. En este contexto, un grupo de familias de la localidad ha alzado la voz ante la falta de respuesta oficial por parte de las instituciones sobre el mantenimiento del servicio de taxi escolar para sus hijos de cara a este curso recién iniciado.
La incertidumbre comenzó en abril de 2026, cuando la dirección de Urregarai Eskola transmitió la advertencia de que los menores perderían este transporte al no alcanzar la distancia mínima de dos kilómetros entre sus viviendas y el centro educativo. Sin embargo, los progenitores insisten en que el problema central no reside en la métrica de los kilómetros, sino "en la evidente falta de seguridad del trayecto".
El camino hacia la escuela carece de aceras en diversos tramos, discurre por una calzada estrecha y soporta un tránsito continuo de vehículos, lo que impide que menores de corta edad puedan realizar el recorrido a pie con garantías. Por ello, amparándose en el Decreto 164/2023 de la normativa vasca de transporte escolar, las familias solicitaron formalmente la aplicación de la exención prevista para itinerarios peligrosos. El pasado 12 de mayo presentaron las alegaciones correspondientes ante la Delegación de Educación de Bizkaia, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y el Ararteko.
Ese mismo día, la Delegación territorial les trasladó un compromiso verbal telefónico para tranquilizar a los afectados, asegurando la continuidad del taxi. No obstante, las familias denuncian que esa promesa verbal jamás se ha materializado por escrito y que desde entonces reina el silencio. Tras la mediación del Ararteko y nuevas llamadas en septiembre, la respuesta de la administración se ha limitado a pedir más tiempo porque la decisión "se tiene que tomar en Lakua".
Las 14 familias afectadas se están organizando como pueden para conciliar sus horarios y aseguran que incluso el taxista que prestaba el servicio está a la espera de una respuesta, ya que “está dispuesto a continuar”. Critican que la decisión sobre un servicio que consideran esencial para garantizar la seguridad de los menores se demore con el curso ya iniciado, agravando las dificultades de conciliación y organización de las familias en el entorno rural.
"Nuestra petición no es un privilegio", señalan y exigen transparencia, equidad educativa y una resolución por escrito para dar certidumbre a la comunidad de Aulesti.