Euskadi lidera el gasto en la atención de las personas dependientes en el Estado

Euskadi encabeza con firmeza el esfuerzo económico destinado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, consolidándose como la comunidad con mayor inversión por ciudadano. Las diputaciones forales duplican la inversión por dependiente del Estado, alcanzando los 14.384 euros anuales frente a los 7.159 euros de comunidades como Aragón. El esfuerzo vasco por habitante llega a los 479,8 euros y la asignación por persona potencialmente dependiente escala a 3.102 euros, superando ampliamente las medias estatales de 280,5 euros y 2.034 euros, respectivamente. En cuanto a la estructura de financiación, el modelo vasco destaca por una mayor autosuficiencia. Euskadi financia el 85,3% del sistema con fondos propios, superando en casi 13 puntos porcentuales la media de las comunidades, que cubren con sus recursos el 72,6% del gasto. Como contrapartida, la aportación del Estado es de apenas un 14,7%, consolidándose como la tasa de participación estatal más baja de todo el país debido a las normativas del cupo vasco.

Estas son las principales conclusiones del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esta particularidad responde de manera directa a las normativas del Cupo Vasco, ya que la comunidad no participa en el reparto general de los fondos estatales del denominado “nivel acordado”, sino que gestiona sus recursos mediante su propio régimen especial. La enorme asimetría en el esfuerzo presupuestario vasco ha provocado un importante giro político tras los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico, anunciados la semana pasada por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, en el Parlamento Vasco. Ante la elevada carga que asumen las instituciones vascas, el Gobierno central se ha comprometido formalmente a equilibrar la balanza y financiar de manera progresiva el 50% de los gastos de dependencia a partir del 1 de enero de 2027. Este pacto representa un cambio sustancial para las haciendas forales, ya que reducirá sustancialmente la aportación con fondos propios que históricamente ha mantenido la comunidad. Al cubrir el Estado la mitad de la factura, se liberarán fondos autonómicos que podrán ser reinvertidos en la mejora de la calidad de los servicios sociales, plazas residenciales y atención domiciliaria en el territorio. De esta forma, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de ambas administraciones para analizar los gastos en dependencia y la metodología para determinar dicha financiación complementaria. La propuesta definitiva debería ver la luz en setiembre.

65.741 personas reciben ayudas por su situación de dependencia

A día de hoy, un total de 65.741 personas reciben ayudas por su situación de dependencia. A pesar de que esta es la cifra de perceptores reales, el número de personas que tienen reconocido el derecho legal a percibirla es mayor, alcanzando las 78.831 personas. Los datos ofrecidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes los servicios sociales vascos se sitúan a la vanguardia absoluta del territorio español. Si se tiene en cuenta la inversión por persona potencialmente dependiente, la lista está encabezada por Euskadi (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632) y Nafarroa (2.578); a la cola se encuentran Galicia (1.490), Canarias (1.492) y Murcia (1.751). También analiza la inversión por habitante que de media es de 280 euros: Euskadi (480 euros), Extremadura (411) y Castilla y León (388) son las que realizan la mayor, y la menor Canarias (179), Murcia (226) y Catalunya (247). El estudio recoge que ocho regiones verán reducidas este año las cantidades aportadas por el Estado por incumplir los objetivos de mejora de la atención en relación al empleo, lista de espera y calidad de los servicios. Son Catalunya (perderá el 15,5 %), Comunidad Valenciana (9,14 %) Asturias (5 %), Extremadura (4,9 %), La Rioja (4,7), Cantabria (1,8) Aragón (0,6 %) y Comunidad de Madrid (0,3 %). El presidente de la asociación de profesionales de servicios sociales,

José Manuel Ramírez, reclama al Gobierno central aumentar la financiación al menos en mil millones cada año para que se reduzcan la lista de espera y se incrementen las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios. Recuerda que el gasto público en dependencia supone el 0,8 % del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. “Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia, sin embargo después de casi 20 años la dependencia es un derecho pendiente, su potencial sigue sin desarrollar”, concluye.