Euskadi se ha convertido este año en la quinta comunidad autónoma con mayor peso de la sanidad privada. Sin embargo, es la séptima región cuyos habitantes menos visitan al médico de familia privado, con un 22,7% de citas. Además, sus ciudadanos gastan, de media, 203 euros al año en seguros de salud, por debajo de la media estatal.
Son las conclusiones del Duodécimo Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que recoge un incremento de la privatización de los servicios sanitarios públicos en el conjunto del Estado y analiza las diferencias entre comunidades, así como su relación con el crecimiento del aseguramiento privado, el gasto sanitario de bolsillo, las listas de espera y las desigualdades en salud. Según el índice elaborado por la FADSP, Madrid, Baleares y Catalunya encabezan el proceso de privatización, mientras el indicador global muestra un aumento de esta tendencia.
Para llegar a esta conclusión, el informe mide la transferencia de dinero público a empresas privadas por la compra de servicios, las concesiones administrativas de gestión de instituciones públicas, el dinero transferido desde el Estado a las aseguradoras privadas por la atención de los funcionarios de MUFACE, MUJEJU e ISFAS, y la compra directa de servicios sanitarios privados a través del aseguramiento privado y el gasto de bolsillo de las familias.
Teniendo en cuenta estas variables, calcula un grado de privatización general de 21,8, una cifra que se supera en varias comunidades: Madrid, que encabeza el ranking desde 2014, con 34; Baleares y Catalunya, ambas con 28; Canarias (26); País Vasco (24); Asturias (23,5); Aragón y Galicia, las dos con 22. Por otro lado, en el otro lado de la balanza se encuentra el grupo con menor nivel de privatización: Andalucía y Navarra (20,5); Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (19); Castilla y León (18,5); Extremadura (17,5); Murcia (15) y La Rioja (14,5).
10 mejores del mundo
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No obstante, el documento recuerda que la sanidad pública española, según la OMS, sigue estando entre las 10 mejores del mundo. "Aun manteniendo ese nivel de excelencia, está en los últimos años sometido a fuertes tensiones que lo ponen en riesgo", asegura el informe. "Seguimos teniendo la joya, lo que hay que procurar es que esto no siga adelante", asegura José Manuel Aranda, presidente de la Asociación de Sanidad Pública de Baleares, porque "privatizar mata", como han demostrado varios estudios, el último realizado sobre el sistema de salud británico que demostró cómo la externalización al sector privado coincidió con un aumento significativo de las tasas de mortalidad evitable de 2013 a 2020.
"No es de extrañar que el Sistema Nacional de Salud sea el tercer problema que más afecta a los españoles tras la vivienda y la crisis económica", afirma la FADSP en el documento. Los datos oficiales muestran que las demoras se mantienen o incrementan desde 2019 para citas con especialistas y quirúrgicas. Además, el aumento de la externalización de servicios sanitarios de la pública a la privada (estimado para 2025 en 11.000 millones de euros) no ha frenado las listas de espera. Lo que sí ha hecho "es hacer crecer los seguros privados y el gasto medio de bolsillo de las familias… para los que pueden", comenta la federación.
El informe concreta, además, lo que destinó cada español a contratar seguros privados, que ha pasado de los 115,94 euros destinados de media en 2014 a superar los 210 en 2026, un 81% más. "Detrás de esos porcentajes existe una realidad que conocemos bien, y es que cada vez hay más gente que acaba pagando para conseguir una atención que no encuentra a tiempo en el sistema sanitario público", ha denunciado el portavoz de FADSP, Sergio Fernández.
"La privatización es el problema de salud pública más importante del Estado español. Ya no es una decisión técnica si la provisión o la gestión ha de ser pública o privada; es una decisión ética por los costes en mortalidad evitable demostrados. En época electoral, los políticos que la tomen han de hacerlo conscientemente de sus consecuencias… y quienes votamos también", sentencian desde la FADSP.