Euskadi dialoga con Sánchez para blindar la foralidad en la tasa a banca y energéticas

Las nuevas tasas del Gobierno español a la banca y las empresas energéticas pasarán el próximo martes su primer examen en el Congreso de los Diputados, sin que se haya aclarado por ahora si respetarán el sistema foral de la comunidad autónoma vasca y navarra. No obstante, Pedro Sánchez lleva días lanzando globos sonda a favor de alcanzar una solución, y se mantiene abierta una vía de diálogo que, como mínimo, sí confirma el Ejecutivo vasco a este periódico.

Una vez pasado el fragor de la batalla con Alberto Núñez Feijóo, en los estertores finales del debate del pasado martes en el Senado, el presidente español, Pedro Sánchez, dejó caer que sus nuevas tasas respetarán el reparto competencial y serán constitucionales. El PNV había denunciado en julio que el Gobierno español se haya saltado el procedimiento de concertación que debería seguirse para que las haciendas forales puedan recaudar esos recursos, y también mostraron su queja desde el territorio navarro Geroa Bai y Navarra Suma. En una proposición de ley, PSOE y Unidas Podemos presentaron en julio esos impuestos no como tales, sino como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, lo que les permite esquivar el sistema del Concierto Económico vasco y el Convenio navarro.

¿Este martes Sánchez estaba haciendo simplemente una defensa de su propio plan, asegurando que es constitucional tal y como se ha diseñado? ¿O estaba mostrándose abierto a dialogar y buscar un encaje en el sistema foral de la comunidad autónoma vasca y la navarra? Sánchez tampoco llegó a decir si estaba abierto a concertar esas figuras fiscales con las haciendas forales para que puedan recaudarlas y contar con esos recursos económicos. No concretó ni aterrizó una fórmula para solucionar el conflicto. Los socialistas están alentando en público la versión de que sí se va a respetar el reparto competencial. Ayer mismo, el pleno del Parlamento navarro reclamó la gestión de los nuevos gravámenes a raíz de una moción de Geroa Bai, y lo hizo con un apoyo unánime. La enmienda de adición de EH Bildu que pedía incluir en el Convenio Económico los nuevos gravámenes para no solo gestionarlos sino también “regular” esas figuras desde Nafarroa recabó, sin embargo, el rechazo de los socialistas.

Desde el Departamento de Hacienda que dirige Pedro Azpiazu aseguran a este periódico que estas figuras “son impuestos, las llamen como las llamen”. Por lo tanto, “hay que buscar la vía”. “En Euskadi existe el Concierto Económico. Por lo tanto, hay que concertar. Se trata de blindar nuestro sistema”, recalcan. Sobre las declaraciones de Sánchez en el Senado, no se pronuncian porque “habrá que ver cómo aterrizan” en hechos concretos. Lo que sí confirman es que hay diálogo (“siempre lo hay”), pero no quieren elucubrar con las expectativas de que se alcance o no una solución satisfactoria.

En este punto tan embrionario del debate, el Gobierno vasco tampoco quiere hacer una estimación de trazo grueso sobre la recaudación que puede estar en juego en los territorios forales. El diseño inicial del PSOE y Unidas Podemos dejaría a Euskadi sin recaudar las tasas sobre los beneficios extraordinarios de empresas como Iberdrola, Petronor como filial de Repsol o BBVA. La consejería de Hacienda se muestra prudente. De hecho, casi desde el primer momento se está cuestionando por parte de expertos en la materia que el cómputo que hace Sánchez sea muy atinado, y creen que sobreestima el rendimiento que van a tener estas figuras.

En concreto, el impuesto gravará de forma temporal los beneficios extraordinarios obtenidos en el presente año 2022 y en 2023 como consecuencia de la inflación y el encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania, gravará con un 1,2% las ventas de las energéticas y con un 4,8% las comisiones e intereses netos de los bancos, y el Gobierno español calcula que obtendrá unos 7.000 millones entre ambos años. Los necesita para cubrir el coste de las medidas de descuento en el transporte y ayudas a los ciudadanos.

Ante la sospecha generalizada de que estos sectores van a repercutir esas pérdidas en los clientes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido que estará estrictamente prohibido. Velará por ello la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se recogen sanciones del 150% del dinero repercutido. Este martes se debate la toma en consideración de la proposición. Si supera el trámite, comenzará la fase de enmiendas.

LOS VOTOS

El grupo del PNV en el Congreso, por su parte, se limita a reiterar que centrará sus esfuerzos en resolver esta ausencia de encaje en el sistema vasco. Repite el mismo mensaje que ya lanzó a finales de julio, donde exigió revertir esta situación en el trámite parlamentario. Es probable que el martes esta proposición pase la criba sin grandes dificultades por el apoyo de varios aliados habituales de Sánchez. El PNV no concreta aún su sentido de voto, aunque vuelve a aclarar que comparte la idea de que se repartan las cargas de esta crisis. Su objeción tiene que ver con el respeto competencial, además de otras carencias que vio en una fase más inicial como la ausencia de diálogo con el sector para ver cómo podía afectar esta figura a las inversiones en curso, etc.

Otra queja planteada desde varios grupos radica en que estos gravámenes se hayan presentado como proposición de ley y no como proyecto de ley del Gobierno, lo que permite a Sánchez ahorrarse los informes previos de los órganos consultivos.