Europa denuncia que “la seguridad nacional” no justifica el ‘Catalangate’

Las preguntas formuladas el pasado noviembre por los eurodiputados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, en las que denunciaban el caso de espionaje contra los dirigentes independentistas con el sistema de espionaje Pegasus, ya tienen respuesta por parte de Europa. La Comisión Europea condena “enérgicamente cualquier acceso ilegal a los sistemas de comunicación” o cualquier forma de intercepción ilícita de las comunicaciones de los usuarios, recordando además que, tal y como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). la “simple referencia a la seguridad nacional” por parte de los Estados miembros “no es suficiente para excluir la aplicación del Derecho de la UE”.

Así se pronunció la comisaria de Asuntos Internos europea, Ylva Johansson, en nombre de la citada Comisión, quien indicó que desde la institución europea son sabedores de las denuncias de los dirigentes soberanistas y que tienen la lupa puesta en este caso. Europa reseña además que en el supuesto de no poder aplicarse el Derecho de la UE, los Estados miembros están vinculados por las garantías que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, Johansson precisó que siguen la comisión de investigación del Parlamento Europeo para investigar el uso de Pegasus para espiar, y que tomarán nota del informe final y seguirán las recomendaciones que se deriven de la investigación.

Los tres líderes independentistas exiliados enviaron el 22 de noviembre una misiva a la Comisión Europea en la que realizaban una serie de preguntas para saber el grado de conocimiento que la Comisión tenía sobre el espionaje por parte del Gobierno español al mundo soberanista. Entre las cuestiones, los eurodiputados interpelaban a la institución europea si era consciente de “las prácticas que utiliza España para luchar contra las organizaciones no violentas compuestas por miembros electos y la sociedad civil”. Entre otros asuntos, también querían saber la opinión de la comisión respecto a que el espionaje coincidiera con la formación del Govern. Por último, consultaban si la Comisión consideraba “que la lucha contra el terrorismo justifica el uso indiscriminado de programas espía”

La Comisión recordó que la directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas prohíbe la intercepción de comunicaciones y el almacenamiento y el acceso a la información al equipo terminal sin el consentimiento del usuario afectado. Esta misma directiva permite a los Estados miembros adoptar medidas legislativas para restringir sus derechos cuando sea “una medida necesaria, adecuada y proporcionada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la lucha contra las infracciones penales”. Además, Johansson remarcó que más allá de la legislación europea, los Estados están vinculados por las garantías que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el Tratado Europeo de Derechos Humanos como máxima garantía.

Investigación

Pese a todo ello, Pedro Sánchez no comparecerá ante la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Pegasus, un asunto que ya ha abordado en diversas ocasiones en las Cortes, según confirmaron fuentes del Gobierno. El pasado 18 de enero, ERC, JxCat y la CUP registraron en la Cámara catalana una petición para incluir unas 60 comparecencias –entre ellas las de Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, diversos ministros y exministros– en el plan de trabajo de la comisión que investiga el caso de espionaje político a más de 60 independentistas. En la propuesta de orden del día para la sesión de la comisión de investigación prevista para el próximo 3 de marzo se plantean ya algunas de las comparecencias solicitadas, entre ellas la del líder del PSOE, además de las de otros miembros del Gobierno como Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Fuentes del Gobierno adelantaron que, “desde el máximo respeto institucional” al Parlament, el presidente del Gobierno y sus ministros rinden cuentas ante el Congreso y el Senado, cámaras en las que, según recuerdan, ya han respondido a múltiples preguntas y comparecencias sobre esta cuestión. La propuesta incluye las comparecencias de la exvicepresidenta Carmen Calvo o la exdelegada del Gobierno Teresa Cunillera.