El PNV, que tiene un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez que obliga al presidente español a transferir todas las competencias pendientes, se mantiene expectante hasta conocer el contenido concreto de las propuestas que enviará finalmente este viernes el Estado al Gobierno Vasco sobre varias materias de la Seguridad Social y sobre los puertos de Pasaia y Bilbao. El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha lamentado este martes que el flanco de las transferencias "no se mueve", mientras sí van avanzando otras cuestiones como la reciente Junta de Seguridad (que ha ratificado acuerdos sobre la prohibición de las navajas y la participación de la Ertzaintza en los informes de las expulsiones), u otros acuerdos institucionales que no concretó, aunque dijo en Radio Euskadi que se anunciarían en las próximas horas. Casi al mismo tiempo, el departamento de Hacienda enviaba a los medios de comunicación una convocatoria para el miércoles sobre la financiación de la dependencia en la Comisión Mixta del Concierto. A la espera de que se concrete el detalle, Sánchez habría cumplido dos de las tres condiciones para que se pueda reunir la Comisión Bilateral presidida por él y por Pradales antes de que llegue agosto. Esteban aclaró, en cualquier caso, que habrá que ver cómo evolucionan los próximos días porque, en la cuestión de las transferencias y el Estatuto de Gernika, "están encastillados algunos representantes del Gobierno y no hay manera de avanzar".
Este es ahora mismo el escollo más visible en las relaciones ya que, además de los acuerdos mencionados, Sánchez sí parece que ha hecho suyo el planteamiento del PNV para dar un final ordenado a la legislatura española: no hará coincidir las elecciones generales con las municipales y forales de mayo de 2027 en un superdomingo (lo ha descartado en público el propio Sánchez de manera taxativa, aunque el PNV dice que simplemente ha estado en las conversaciones y que no ha formado parte de una negociación en sentido estricto), e intentará sacar adelante unos Presupuestos.
Mientras se mantiene la interlocución con el Gobierno español presidido por el PSOE, los socialistas vascos continúan lanzando cargas de profundidad a sus aliados del PNV. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, enardeció los ánimos del Comité Nacional socialista comparando la "prioridad nacional" del PP y Vox con la supuesta "prioridad nacional que asoma en los discursos del nacionalismo vasco más rancio" en cuestiones como, a su juicio, el euskera en la administración pública. Esteban encuadró sus palabras en el "puro teatro", e incluso deslizó que Andueza no solamente está preparando las elecciones municipales y forales, sino que quizás tenga también algún dato que el PNV desconoce y que podría apuntar a un adelanto de las elecciones generales para este año 2026.
Y, yendo al fondo del asunto, negó a Andueza que la reforma de la Ley de Empleo Público "aumente la exigencia de conocimiento de euskera", sino que lo "adecúa" a cada lugar, y que podría decirse que la ley es "más abierta que antes" porque permite acreditar el conocimiento de euskera "a posteriori". Si Andueza dejó caer que la "prioridad nacional" vasca se vería también en asuntos como la migración, Esteban le preguntó "qué le chirría" en los planteamientos del Gobierno Vasco del que forma parte el PSE. "Las grandes descalificaciones lo que suenan es a campaña electoral y a victimizarse. Lanza afirmaciones que sabe que no son ciertas", sentenció.
Respuesta a Erne
Por otro lado, cuando le preguntaron por la propuesta del sindicato Erne de la Ertzaintza, que solicita cambiar el Código Penal en el Congreso para endurecer las sanciones por los ataques a las fuerzas de seguridad, Esteban se decantó por "hacer un llamamiento a esta sociedad en cuanto al respeto a la figura policial, a la gente que vela por nuestra seguridad". De manera indirecta, reprochó a EH Bildu que trate de minimizar los episodios de acoso, y defendió que hay que sacar "tarjeta roja" a quien cruce las líneas del respeto. Ahora bien, cree que la propuesta concreta de Erne "no es posible de tramitar" porque el Congreso está inmerso en una dinámica parlamentaria "imposible", con otra modificación del Código Penal ya "bloqueada" y, además, al quedar menos de un año de legislatura por delante, los plazos muy largos de enmiendas impedirían darle salida. Tampoco la ve "forzosamente necesaria" porque la protección ya existe en el Código Penal.