“Espero con ansia el recuperar mi piso, pero a ver qué me encuentro”

Actualizado hace 10 minutos

“Después de tanto sufrimiento por poder recuperar nuestras viviendas, acogemos el decreto de manera muy positiva”. Hegoa Ozaeta es una de las personas que se van a ver beneficiadas por la exención para la moratoria de los desahucios aplicada a los arrendadores que sean propietarios de una sola casa o de dos si residen en una de ellas y la otra es la que ponen en alquiler. En su caso, a día de hoy solo es dueña de una vivienda arrendada a unos inquilinos que llevan casi dos años sin pagar la renta. Es más o menos el tiempo que Hegoa, divorciada y con dos menores a su cargo, lleva viviendo en el piso de su actual pareja en Santurtzi, junto a él y a sus dos hijos. Seis personas en total. Por ello, no ve el momento en el que la nueva normativa tenga su aplicación real y pueda disponer de su propio domicilio: “Lo espero con ansia, sería empezar a ver la luz”.

Hace dos años, y ya divorciada, Hegoa residía en Rekalde con sus dos hijos -un niño y una niña que actualmente tienen 10 y 7 años, respectivamente-. “Fue el momento en el que las hipotecas subieron una barbaridad y no me cuadraban las cuentas”, rememora, calculando en unos 1.900 euros los gastos corrientes mensuales a los que debía hacer frente. Ni siquiera le llegaba con los ingresos del alquiler de otra casa en propiedad que tenía en el municipio de Arrigorriaga. Por ello, optó por poner en venta la casa de Rekalde y trasladarse a esa vivienda que tenía arrendada. Los inquilinos, una pareja con un hijo menor, “pagaban religiosamente hasta que les comuniqué con la suficiente antelación que debían abandonar la vivienda para que hiciera yo uso de ella”.

Con la confianza de que nunca había tenido problemas con ellos, Hegoa hizo gestiones para buscarles un nuevo domicilio. Pero empezó a darse cuenta de que algo no iba bien cuando comprobó que los inquilinos no llamaron a ninguno de los contactos que ella les facilitó. Recurrió entonces a un mediador. “Le dijeron que ellos no se iban a marchar de la vivienda”, apunta.

Desde mayo de 2024, la familia que reside en la casa no abona la renta correspondiente. “Además, tengo que cubrir los gastos de comunidad, el seguro de la vivienda, los impuestos municipales y hasta hace poco hemos estado pagando derramas”, señala esta bilbaina de 43 años. Inició los trámites legales para desalojar la vivienda y hubo un juicio en octubre del año pasado. “La jueza decretó el lanzamiento de desahucio para el 2 de diciembre y justo el día 1 llegó al juzgado la notificación del Ayuntamiento de Arrigorriaga de que la familia de inquilinos había sido declarada vulnerable”, relata.

Aquello paralizó un proceso que ahora debería reactivarse merced al decreto aprobado este martes, al que Hegoa pone un pero: “Hay gente que está viviendo verdaderas penurias que se va a quedar en la estacada, jubilados a los que les han quedado pensiones escasas y cuyo grueso de ingresos viene de los alquileres. Si tienen varias viviendas en propiedad, están excluidos”.

A la espera de acontecimientos, Hegoa y sus dos hijos siguen acogidos en el piso de su actual pareja: “Vinimos como algo temporal en abril de 2024, tras firmar la venta de la otra casa, pero todo se torció y llevamos ya casi dos años. Además, estamos seis personas, cada uno con sus necesidades, y en mi caso y el de mis hijos desplazándonos todos los días a Bilbao, donde ellos están escolarizados”. Tiene ganas de recuperar la casa de Arrigorriaga. “Me supuso mucho esfuerzo comprarla. No es fruto de ninguna herencia, sino del sudor de mi frente. Llevo trabajando desde los 17 años, primero para pagarme los estudios y luego para ahorrar y comprarme esa vivienda”, recuerda, no sin ocultar cierta cautela: “Espero con ansia el recuperarlo, pero, por otro lado, cuando entre en ese piso, no sé cómo me lo voy a encontrar”.

Hegoa es una de las 23 personas que en Euskadi forman parte de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación. “No queremos que la gente vulnerable sufra. El Gobierno debe tomar las medidas, pero no a nuestra costa, no a costa del esfuerzo de unos pequeños arrendadores”, remarca.