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La previsible aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Errenteria en el pleno municipal de este martes consolidará la suspensión de nuevas licencias para alojamientos turísticos acordada por el Ayuntamiento en febrero de 2025. La medida, que nació como una moratoria temporal, quedará ahora integrada en la planificación urbanística estructural del municipio, dotándola de mayor estabilidad normativa.
Aunque en Errenteria la presencia de alojamientos turísticos es actualmente residual —con un parque que ronda la treintena de viviendas—, el incremento detectado durante 2024 respecto a ejercicios anteriores llevó al equipo de gobierno a anticiparse. El aumento de solicitudes se produjo en un contexto de mayor presión en municipios del entorno, tras la regulación impulsada en Donostia-San Sebastián, lo que generó un efecto desplazamiento hacia localidades próximas y encendió las alertas sobre una posible evolución similar.
Ante esta evolución, el Pleno municipal aprobó el 25 de febrero de 2025 una moratoria de un año para nuevas licencias. Posteriormente, en diciembre, la medida quedó reforzada tras la aprobación por parte del Gobierno Vasco de la Ley 6/2025 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo. La norma establece que en municipios declarados zonas tensionadas no pueden implantarse nuevas viviendas o habitaciones de uso turístico mientras se mantenga dicha declaración, situación en la que se encuentra Errenteria.
Integración urbanística y blindaje normativo
La aprobación inicial del nuevo PGOU no solo se alinea con esta legislación autonómica, sino que supone un paso decisivo para consolidar la limitación desde el punto de vista urbanístico, con independencia de la vigencia futura de la declaración de zona tensionada. El planeamiento introduce criterios claros sobre los usos admitidos en suelo residencial, evitando interpretaciones ambiguas y cerrando la puerta a cambios de uso que puedan tensionar el mercado local.
En concreto, el nuevo Plan General prohíbe la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, reforzando la función social de la vivienda y limitando la turistificación de edificios residenciales. Con ello se pretende preservar el equilibrio entre actividad económica y derecho a la vivienda, especialmente en un contexto de encarecimiento progresivo de los alquileres y dificultades de acceso para determinados colectivos.
Protección del uso residencial
Desde su aprobación en febrero de 2025, la moratoria ha operado como herramienta preventiva dentro de una estrategia más amplia orientada a proteger el uso residencial del parque de vivienda. Durante este periodo, ha contribuido a contener nuevas solicitudes y a ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a comunidades de propietarios como a la propia administración local, mientras se avanzaba en la redacción del nuevo planeamiento.
Con la revisión del PGOU, el Ayuntamiento refuerza su modelo de ciudad, apostando por un desarrollo urbano sostenible que priorice la residencia habitual frente a usos especulativos. La tramitación continuará ahora con el periodo de información pública y presentación de alegaciones, un trámite que permitirá recoger aportaciones antes de la aprobación definitiva y cerrar así un marco regulatorio más sólido y coherente para los próximos años.