El Ayuntamiento de Errenteria ha decidido suspender de forma provisional el proceso selectivo para cubrir 25 plazas de administrativo tras la presentación de un recurso judicial contra la convocatoria. La medida ha sido anunciada por la alcaldesa, Aizpea Otaegi, (EH Bildu) en una comparecencia en la que ha estado arropada por los concejales del equipo de gobierno. Esta decisión se adoptó mientras se resuelve el procedimiento en los juzgados y con el objetivo de evitar incertidumbre entre las personas aspirantes.
La convocatoria fue aprobada el pasado 12 de noviembre mediante decreto de Alcaldía y forma parte de las iniciativas impulsadas por el Consistorio en los últimos años para estabilizar el empleo público municipal y reducir la tasa de interinidad. El proceso, mediante concurso-oposición libre, establecía como requisito lingüístico el perfil C1 de euskera (PL3) para los puestos ofertados.
Contra esa exigencia lingüística se ha presentado un recurso en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia. La impugnación ha sido interpuesta por una persona que no está inscrita en el proceso selectivo y cuestiona la obligatoriedad de dicho perfil para las plazas convocadas, por lo que la alcaldesa ha calificado dicho recurso de “acción política”.
Argia desvela lo que hay detrás
Este hecho se conoció la víspera tras la publicación por parte de la revista Argia de una información en la que desvelaba que el recurso era el resultado de una maniobra del colectivo Unidas por la Libertad Lingüística, surgido entre un colectivo de trabajadores de Osakidetza contrarios a las exigencias lingüísticas en las OPEs públicas y que están tumbando los tribunales.
La revista ha accedido a mensajes de Whatssap en la que se anima a los miembros del grupo a impugnar la OPE de Errenteria, es decir, un recurso de impulso activista. El demandante sería una persona con plaza fija en el sistema vasco de salud, ajeno a esta convocatoria de empleo.
El conocimiento de esta maniobra ha desencedano una catarata de reacciones en las redes sociales, acusando a Unidos por la Libertad Lingüística de “euskarafobia”. En declaraciones a ETB, un portavoz de este colectivo, Sabin Zubiri, respondió que su participación en el caso de la OPE de Errenteria se limita a un hecho “aislado”. “Nuestra plataforma no está dentro de ninguna trama, complot o conspiración”. Su intención “siempre ha sido dialogar con los distintos agentes del Gobierno Vasco” para trasladar su “problemática y preocupación”. En este sentido, remarcan que su postura ha sido siempre de “respeto hacia el euskera”, al que consideran la “segunda lengua de la comunidad”.
Plan Estratégico de euskera
Desde el Ayuntamiento de Errenteria subrayan que la inclusión de ese requisito lingüístico no responde a una decisión puntual ni improvisada del equipo de gobierno, sino que forma parte de una estrategia consolidada en materia de política lingüística. Según explican los representantes municipales, la convocatoria se ajusta al Plan Estratégico de Política Lingüística Municipal 2021-2026 y cuenta además con informe favorable del Departamento de Política Lingüística del Gobierno Vasco en el momento de la creación de los puestos.
Asimismo, la exigencia del perfil lingüístico se recoge en la Relación de Puestos de Trabajo y en la plantilla municipal aprobada para el año 2026 por el pleno, y forma parte también de la planificación de las ofertas públicas de empleo acordadas previamente con las organizaciones sindicales.
El Consistorio considera que el recurso judicial cuestiona un modelo construido durante años a partir de acuerdos y consensos institucionales. En este sentido, defiende que el diseño del proceso selectivo responde a los principios de una administración pública de calidad y al derecho de la ciudadanía a relacionarse con las instituciones en la lengua oficial que prefiera.
La administración local recuerda además el esfuerzo realizado por numerosos trabajadores públicos para mejorar su competencia en euskera con el objetivo de prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
El juicio, en septiembre
Pese a defender la legalidad de la convocatoria, el Ayuntamiento ha optado por suspender temporalmente el proceso. La decisión responde, por un lado, a la voluntad de proteger a las 860 personas inscritas en el procedimiento y evitar posibles incertidumbres derivadas de futuras resoluciones judiciales. Por otro, busca realizar una gestión prudente de los recursos económicos y humanos necesarios para la organización de las pruebas.
De este modo, el Consistorio ha decidido paralizar el proceso mientras prepara su defensa jurídica ante el juicio previsto para el próximo mes de septiembre.
El Ayuntamiento recuerda además que este tipo de recursos no es un hecho aislado en las administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sostiene que su objetivo es frenar el modelo de política lingüística desarrollado en las instituciones. También subraya que la impugnación no ha sido presentada ni por personal municipal ni por las personas aspirantes inscritas en la convocatoria.
Los responsables municipales señalan que el reconocimiento de la oficialidad del euskera y sus consecuencias jurídicas han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional, del mismo modo que ocurre en otras comunidades autónomas con dos lenguas oficiales.
En territorios como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Galicia, recuerdan, se exige a los empleados públicos el conocimiento de ambas lenguas oficiales con el nivel correspondiente a las funciones del puesto, un criterio que ha sido avalado en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Errenteria sostiene que no existen motivos para que su convocatoria sea tratada de forma diferente y anuncia que defenderá su posición hasta el final de la vía judicial. El objetivo, según recalca, es mantener las condiciones previstas en la convocatoria y garantizar que la ciudadanía pueda seguir siendo atendida en la lengua que elija.
PNV a favor de una administración euskaldun
Ante la impugnación presentada, la portavoz del PNV, Elixabete Murua, ha defendido que garantizar que la ciudadanía pueda relacionarse con las instituciones en cualquiera de las dos lenguas oficiales constituye un derecho reconocido que las administraciones públicas tienen la obligación de asegurar.
En este sentido, el grupo municipal considera coherente que los puestos administrativos con atención directa y cotidiana a la ciudadanía cuenten con el nivel de euskera necesario para ofrecer un servicio adecuado. A su juicio, cuestionar este tipo de requisitos supone poner en duda la capacidad de la administración para garantizar los derechos lingüísticos de la población.
La portavoz jeltzale, Elixabete Murua.
Desde EAJ/PNV advierten de que resulta difícil construir una administración verdaderamente bilingüe si quienes trabajan en ella no pueden atender con normalidad a la ciudadanía en euskera. Asimismo, recuerdan que Errenteria es un municipio con una notable presencia del euskera en la vida social, cultural y comunitaria, por lo que las instituciones públicas deben responder a esa realidad y seguir avanzando en el proceso de normalización lingüística.
Mendoza: "Superar trabas"
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha asegurado que "está muy claro" que "hay un colectivo de personas que está en contra" del euskera y su avance en las administraciones públicas, pese a lo cual ha abogado por "superar las trabas" y "seguir en el camino" hacia la consecución de "la igualdad real" con el castellano.
La presidenta del gobierno foral ha dicho sobre este asunto, y concretamente sobre las informaciones que señalan a un grupo organizado con el objetivo de anular OPEs por los requisitos lingüísticos, que "no es sorprendente" pues, a juicio, "está muy claro que hay un colectivo de personas que está en contra de nuestro idioma propio y del sistema que estamos construyendo".
"Es verdad que tenemos muchísimas dificultades -ha agregado-. Se han conocido algunas y seguro que habrá otras también que vamos a encontrar en un futuro".
La Diputación de Gipuzkoa tiene no obstante "muy claro" que se debe "hacer un esfuerzo muy importante para que el euskera llegue a una igualdad con respecto al castellano", ha insistido la diputada general jeltzale.
"Todavía queda mucho camino que recorrer" ya que se necesitan "instituciones que trabajen en euskera y que ofrezcan un servicio público en euskera", ha subrayado Mendoza, quien se ha mostrado decidida a "seguir en ese camino" hasta lograr "una igualdad real" entre los dos idiomas oficiales "superando las trabas" que surjan.
LAB señala a CCOO
Por su parte, el sindicato LAB ha acusado directamente a CCOO de intentar "obstaculizar la normalización del euskera, con el apoyo de jueces euskaráfobos", y con una "estrategia", a su juicio "planificada".
El sindicato ha subrayado la necesidad de contar con "garantías legales" para lograr una "verdadera normalización del euskera". "Es hora de responder ante actitudes reaccionarias que atacan el euskera y de modificar la Ley de Empleo Público", ha concluido.