El Ayuntamiento de Ermua ha culminado uno de sus objetivos prioritarios en materia de accesibilidad con la finalización del nuevo ascensor público en el barrio de San Antonio, una infraestructura urbana que conectará mecánicamente la Avenida de Gipuzkoa nº 6 con los edificios situados en los números 10 Bis, 12 Bis y 14.
La actuación ha supuesto una inversión de algo más de 385.000 euros y entrará en funcionamiento este miércoles a partir de las 11.00 horas. El nuevo equipamiento dará servicio a la ciudadanía y mejorará de forma directa la movilidad peatonal en uno de los puntos con mayor necesidad de conexión accesible del entorno.
En lo que a los objetivos se refiere, el ascensor permitirá optimizar el recorrido peatonal en la zona de San Antonio y actuar también de forma puntual en el espacio rodado del acceso al aparcamiento del barrio, contribuyendo a una circulación más ordenada y segura en el entorno inmediato.
Desde el Consistorio ermuarra explican que esta instalación será clave para facilitar el acceso a la Senda Verde, un proyecto estratégico para el municipio actualmente en fase de ejecución y cuyas obras comenzarán a lo largo de este año. “Con esta instalación acercamos también un proyecto ilusionante como la Senda Verde a más vecinos y vecinas: queremos que sea un espacio disfrutable para todas las edades y necesidades motoras”, explica Beatriz Gámiz, alcaldesa del municipio.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Rosa Cid, asegura que “este ascensor es una mejora muy concreta, pero con un impacto enorme en la vida diaria del barrio: facilitará los desplazamientos, hará más cómodo el recorrido y permitirá que muchas personas ganen autonomía”.
Retraso en los plazos
La finalización del ascensor estaba prevista inicialmente para el pasado mes de agosto, pero diversas dificultades en los procesos constructivos y en el funcionamiento de la empresa adjudicataria han provocado un retraso en el calendario. En este sentido, En este sentido, la administración local está estudiando posibles acciones jurídicas contra la contrata por un retraso que considera injustificado, pese a los controles, requerimientos y exigencias trasladadas tanto por la dirección de obra como por el propio consistorio. Esta cuestión se analizará con detalle para determinar las medidas oportunas.