Esta vez, la sentencia desfavorable ha llegado por el flanco más insospechado. Mientras el PNV trabaja para construir una arquitectura jurídica que blinde el euskera como requisito en el acceso a la administración pública, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el decreto que está vigente en estos momentos, el que se aprobó durante la legislatura de Iñigo Urkullu en febrero de 2024 con el respaldo de PNV y PSE. Es el decreto que regula todo el proceso a día de hoy, el 19/2024, y es precisamente la normativa que reivindican los socialistas y a la que se agarran para rechazar la reforma de la Ley de Empleo Público que acaba de aprobar el PNV en solitario y que está pendiente de desarrollo a través de un nuevo decreto. Es una sentencia negativa para el Gobierno Vasco, pero se pueden poner muchos paños calientes a la hora de realizar el análisis, porque su impacto es relativo y, en el corto plazo, es nulo. La sentencia no es firme, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo y, por tanto, por ahora el decreto seguirá en vigor y no hay un vacío legal que agrave la incertidumbre. Además, al departamento de Ibone Bengoetxea le llega esta sentencia cuando ya había puesto en marcha el proceso para actualizar este decreto tras la aprobación de la reforma de la Ley de Empleo Público. Por tanto, en unos seis u ocho meses, iba a quedar superado de todos modos. Y la sentencia del tribunal no recorta la política lingüística fijando nuevos límites para Lakua: rechaza el decreto vigente, pero no lo hace por razones de fondo, sino por razones de forma, porque a su juicio no se detalla el coste económico real que iba a provocar la puesta en marcha del decreto, es decir, porque la memoria económica "adolece de insuficiencia sustancial". De ahí la sorpresa.
Por tanto, da la razón a Vox únicamente en ese punto, y no llega a pronunciarse a favor ni en contra de la política lingüística, que es la noticia más positiva que se puede llevar el Gobierno Vasco de todo este enredo. De hecho, el tribunal es duro con Vox en este punto, y le reprocha que haya denunciado el "absoluto orillamiento del castellano" y la quiebra de los principios constitucionales pero sin especificar "qué artículos del decreto los lesionan". Le recrimina que su denuncia es "difusa" y "genérica".
Es más, el tribunal llega a decir que, con el panorama que le ha dejado Vox, sería el propio tribunal el que tuviera que redactar el recurso y resolver al mismo tiempo dictando sentencia. "El decreto es lo suficientemente extenso y los informes emitidos en su elaboración tan extensos y complejos que no es factible el resolver con los escasos materiales que el recurrente aporta y sería la propia Sala quien, finalmente, confeccionase el recurso", recrimina. En cualquier caso, esta sentencia demuestra que los recurrentes pueden aprovechar cualquier grieta para tumbar la arquitectura jurídica del euskera en la administración, y esta vez lo han logrado por la vía del coste económico.
La anulación del decreto, en cualquier caso, no es firme, y el Gobierno Vasco puede recurrir ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días. La vicelehendakari y consejera de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha anunciado en una valoración de urgencia que el Ejecutivo va a "analizar con calma" los argumentos del tribunal para tomar la mejor decisión pero, con independencia de la decisión que tome, también quiere examinar con lupa lo que ha dicho el tribunal para "considerar sus argumentos jurídicos" y "hacer las cosas mejor, dotar de mayor seguridad jurídica al decreto que vamos a desarrollar", es decir, al decreto que se tiene que aprobar tras la reforma de la Ley de Empleo Público que impulsó el PNV. "La sentencia no cuestiona en ningún caso el objetivo de normalizar el euskera en la administración. Es una anulación que va a la forma y no al contenido", quiso recalcar la vicelehendakari. Bengoetxea aclaró que el Gobierno Vasco seguirá trabajando para garantizar la normalización del euskera en la administración, y recordó que ya estaba previsto modificar este decreto tras la aprobación de la reforma de la Ley de Empleo Público. Lakua ya había iniciado los trámites para poner en marcha la actualización, como anunció el lehendakari Pradales a la vuelta del verano.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado la anulación del decreto por "vicio procedimental", por ausencia o insuficiencia de estudio económico. Se apoya para ello en el informe de la Oficina de Control Económico, “un informe técnico” de un “órgano independiente", que a su juicio prevalece sobre los restantes documentos que se han emitido en el desarrollo del decreto. Le parece un informe "razonablemente convincente, incluso para un profano”. Para el tribunal, la oficina pone en evidencia “la ausencia de una efectiva estimación de costes derivados de la implementación de la extensión de los instrumentos de planificación lingüística”, y una “ausencia de ponderación o estimación económica singularizada para el proyecto en el que se analice su evidente impacto económico”.
Sí desestima el recurso de Vox sobre el fondo del asunto, la política lingüística. Y recuerda, en ese sentido, que el Tribunal Constitucional acaba de inadmitir una consulta del propio TSJPV al respecto. El superior vasco elevó una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco, que es la que regula el sistema de los perfiles lingüísticos. El TSJPV pensaba que era necesario el pronunciamiento previo del Constitucional antes de resolver los recursos sobre esta cuestión. El 23 de junio, el TC inadmitió esta consulta porque no se encontraba debidamente justificada. El TSJPV reprocha ahora a Vox su argumentación difusa, y que mencione "algunos pasajes del Consejo Económico y Social, pero se omiten todos los demás informes favorables; ni se mencionan".
El decreto de los perfiles asimétricos
El decreto anulado lo aprobó el Consejo de Gobierno en 2024, cuando el departamento de Política Lingüística lo dirigía Bingen Zupiria. A diferencia del decreto de 1997, que tenía como ámbito de influencia la administración general y los trabajadores de Lakua, el de 2024 afecta a todo el andamiaje público, a las sociedades, empresas públicas, consorcios, fundaciones, organismos autónomos, museos, a la Ertzaintza, Osakidetza, Justicia, Educación... Los cálculos del momento estimaban que el decreto iba a cubrir a 30.000 personas más, hasta situarse en torno a 140.000. Pero, además, introdujo una serie de mecanismos para una euskaldunización flexible y progresiva, con nuevas vías para acreditar los perfiles lingüísticos y con la novedad de los perfiles asimétricos, que ofrecen la posibilidad de exigir un nivel distinto de euskera escrito y oral en función del trabajo que se desempeñe. Este decreto es el que a día de hoy sigue defendiendo el PSE, que rechaza en cambio la nueva reforma de la Ley de Empleo Público aprobada en solitario por el PNV para dar autonomía a las instituciones y que fijen sus propios porcentajes en función de su realidad social. La reforma quedó aprobada en el Parlamento con la abstención de EH Bildu, y está pendiente de desarrollo vía decreto. El lehendakari Pradales ya dijo que se iban a necesitar seis u ocho meses para redactarlo, porque tiene que someterse a una serie de informes, pasar por el Consejo de Gobierno, etc.
El jarro de agua fría ha llegado precisamente el día en que el departamento de Bengoetxea había iniciado los expedientes para reconocer el euskera como Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial. Desde EH Bildu, Josu Aztiria insistió a través de sus redes sociales en que "el euskera necesita un nuevo estatus", pero añadió que "todo desarrollo normativo debe hacerse con la mayor excelencia jurídica". No es abiertamente un reproche a Lakua ni deposita la carga de la prueba en el Gobierno, pero sí desliza esa alusión a la excelencia jurídica. "Para derruir la arquitectura legal de nuestra lengua, todo resquicio cuenta", dice. ELA volvió a denunciar la "euskarafobia", y LAB ve un paso más en la "desoficialización" del euskera. El sindicato CCOO, por su parte, dice que no pueden compararse los recursos judiciales que interponen quienes defienden los derechos de los trabajadores (recursos como los suyos) y los recursos que rechazan de plano el euskera (como Vox), pero al mismo tiempo exige al Gobierno que "deje de escudarse en ofensivas judiciales imaginarias" y dote de tiempo y fondos económicos a los trabajadores para que aprendan la lengua.