El TSJPV avala el despido colectivo en Alconza de Berango

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado los 25 despidos acometidos en abril por la empresa Alconza de Berango (Bizkaia), perteneciente al grupo Irizar, al considerar que estaban justificados en aras a garantizar "la viabilidad de la empresa".

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJPV fechada el 12 de julio y que no es firme, por lo que puede ser recurrida, considera que la decisión de la empresa de invocar "causas económicas y productivas para proceder al despido colectivo" es ajustada a derecho y así, rechaza la demanda que inicialmente presentó LAB, a la que se sumaron los sindicatos ELA y CCOO.

El tribunal estima probado que la dirección de Alconza, dedicada a la fabricación de maquinaria rotativa y eléctrica para barcos, con una plantilla compuesta por 116 trabajadores, comunicó en febrero al comité que iba a iniciar "un procedimiento de despido colectivo que en principio afectaría a 38 trabajadores, por causas económicas, productivas y organizativas".

La dirección detalló a los representantes legales de las personas trabajadoras las cuentas de los últimos cinco años y avanzaba medidas para "mitigar el deterioro del negocio". El plan de viabilidad detallaba cuáles iban a ser los trabajadores afectados y la empresa determinó la necesidad de realizar 38 despidos, en la primera reunión con el comité.

Pero la negociación finalizó sin acuerdo y la empresa comunicó en abril el despido a 25 trabajadores, con una indemnización de 30 días de salario por año con el límite de 18 mensualidades, y el plan de recolocación durante 9 meses.

La representación legal de los trabajadores convocó en febrero huelga desde el día 28, cuya éxito de participación se situó cerca del 40 % de la plantilla.

En el ejercicio 2020 las ventas de Alconza Berango se redujeron hasta los 12,5 millones de euros, un 33 % menos que el ejercicio anterior; disminuyendo en 2021 hasta los 7,4 millones de euros, y las pérdidas totales en el periodo 2018-2021 sumaron los 20,4 millones de euros.

El patrimonio negativo superaba los 4,1 millones e "incurriría en causa de disolución", refleja el TSJPV.

El tribunal no ha aceptado la denuncia de negociación de mala fe por parte de la dirección "por su inmovilismo" ya que, constata la sentencia, "la empresa fue reduciendo en número de trabajadores afectados, pasando de los 38 iniciales a los 25 finales; fue incrementado el importe de la indemnización; y ofreció y mejoró el plan de recolocación".

Además, "resulta manifiesto que la empresa viene acumulando pérdidas económicas, derivadas esencialmente del descenso de facturación, es decir, por la disminución de sus ventas" y así "nos encontramos ante unas causas claramente económicas y productivas" para los despidos.

"Se trata de pérdidas económicas importantes, equivalentes a la merma del negocio" y esa "situación se encuentra cronificada desde hace varios años", indica. De hecho, "la empresa se encuentra técnicamente quebrada" y "su subsistencia" depende de un préstamo que ha solicitado y "del efecto de la puesta en marcha del plan de viabilidad".

Ante esa situación, el TSJPV ha entendido como "proporcionado el número de trabajadores afectados por el despido" y ha rechazado las demandas de los sindicatos.

La situación en Alconza fue tratada a finales del pasado mes de junio por el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, que aprobó una declaración institucional instando a la Diputación a que colabore para alcanzar un acuerdo en la empresa ante el ERE para despedir a un tercio de la plantilla presentado por el Grupo Irizar.