El Tribunal de Cuentas lleva la amnistía a la Justicia europea

El Tribunal de Cuentas acordó plantear ocho cuestiones prejudiciales a la Justicia europea sobre la ley de amnistía en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el procés ante la posibilidad de que colisione con los intereses financieros de la UE y se destinaran a “finalidades prohibidas”. Considera además que si ya estuviese en vigor la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción, en el Estado español no habría sido posible aprobar la ley de amnistía. Si la semana pasada el Tribunal Supremo decidió llevar la ley al Tribunal Constitucional, convencido de que vulnera preceptos constitucionales como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica, ayer lunes fue el órgano contable quien decidió consultar la norma por primera vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La consejera encargada del procedimiento que afecta a los expresidente Carles Puigdemont y Artur Mas y a una treintena de ex altos cargos subraya en su auto que es “muy difícil conciliar” la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) con la “prevención de la impunidad del fraude y la corrupción” que persigue el derecho de la Unión Europea. E incide en que diversos preceptos de esta ley podrían dar lugar, “precisamente, a la impunidad de las responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por los hechos enjuiciados” en este procedimiento, que ahora queda en suspenso. El procedimiento se dirige en total contra 33 altos cargos por su responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para sufragar el 1-O y la promoción exterior del procés. La Fiscalía cuantificó ese supuesto desvío en 3,4 millones. Ahora el Tribunal de Cuentas suspende el Procedimiento de Reintegro, al igual que la aplicación inmediata de la amnistía.

Por su parte, la Audiencia de Barcelona ha amnistiado al jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, por presuntos delitos de prevaricación y malversación por los que estaba pendiente de juicio al haber usado fondos públicos para un viaje a Nueva Caledonia.