El TC da un plazo mínimo de seis meses para resolver los recursos contra la amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) dará prioridad a los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se presenten contra la futura ley de amnistía, si bien no prevé que pueda resolver antes de seis meses, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

La proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados cuenta ya con varios detractores que han anunciado que pelearán la norma jurídica ante el Tribunal Constitucional.

Así, se espera que el Tribunal Supremo (TS), a través de los jueces que llevan causas sobre el 'procés', plantee una cuestión de inconstitucionalidad, movimiento que también podrá realizar cualquier juez o tribunal que tenga entre manos casos afectados por la amnistía.

Los políticos también podrán acudir al TC. Podrán hacerlo vía recurso de inconstitucionalidad quienes cuenten con al menos 50 diputados y senadores, lo que con la actual configuración parlamentaria reduce la lista al PP. Y los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas, desde donde también se auguran movimientos por parte de las regiones gobernadas por los 'populares'.

La proposición de ley establece que jueces y tribunales tendrán que aplicar con carácter "preferente y urgente" la ley de amnistía, hasta el punto de que les da un plazo máximo de dos meses para decidir si afecta a sus causas.

En el Constitucional, las citadas fuentes señalan que también se dará prioridad a los recursos y cuestiones que se lancen contra la ley de amnistía, pero subrayan que es difícil que pueda resolverse en menos de seis meses por mucha prisa que quiera darse la corte de garantías.

Y ello, explican las fuentes, porque deben seguirse los trámites legales, que implican informes técnicos de los letrados sobre la admisión a trámite, la decisión del TC sobre la misma, el traslado a las partes para que formulen alegaciones --incluida la Fiscalía-- y la decisión definitiva.

Amnistía

La proposición de ley abarca más de una década del 'procés': desde el 1 enero de 2012 --pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del 'procés' en 2019-- hasta este lunes 13 de noviembre.

El texto --que consta de 16 artículos, divididos en tres títulos, dos disposiciones adicionales y una disposición final-- propone amnistiar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" de los actos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Catalunya.

Los socialistas plantean exonerar "los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos". Para ello, incluye delitos tales como los de usurpación de funciones públicas, malversación, prevaricación, desobediencia y desórdenes públicos.

Según detalla la proposición, la amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros "posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos", en referencia a los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables.

El texto incluye a su vez los "actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares" o con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines del 'procés'.

Y, asimismo, propone amnistiar "las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización" de dichas consultas.