EE.UU. abre el camino para restringir el voto por correo

El Tribunal Supremo de EE.UU. suspendió a última hora de este lunes el fallo de una corte inferior que bloqueaba buena parte de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo. La decisión, adoptada a diez semanas de las elecciones de mitad de mandato (conocidas como midterms) del próximo noviembre, permite al Ejecutivo continuar con la tramitación de su plan, un sistema de sufragio que el mandatario sostiene que ha permitido cometer fraude masivo electoral, aunque los expertos señalan que estos casos son insignificantes en el país.

La resolución de la máxima corte se adoptó siguiendo sus líneas ideológicas, haciendo valer la mayoría conservadora de seis votos a favor frente a los tres en contra de las magistradas liberales. De este modo, los jueces levantaron la orden judicial dictada en junio por la jueza federal de Massachusetts, Indira Talwani, que impedía la entrada en vigor de aspectos clave del decreto, que el distrito de Columbia y 23 Estados habían impugnado, entre ellos California. Aunque partes del decreto siguen bloqueadas a nivel nacional por otro fallo posterior de la misma magistrada, se prevé que la postura del Supremo también se aplique a ese proceso.

En un dictamen sin firma, el Supremo consideró prematura la demanda estatal al argumentar que la orden de Trump es por ahora una directiva interna preliminar remitida a agencias federales que no obliga directamente a los Estados, competentes en los procesos electorales. Asimismo, el tribunal subrayó el carácter provisional de su medida al indicar que “la resolución de la Corte sobre esta solicitud no implica que cualquier medida adoptada por el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal. En ese sentido, el tiempo lo dirá”. La validez legal de la medida la dirime actualmente un tribunal federal de apelaciones y, si no se pronuncia antes del 3 de noviembre, no está claro si las instrucciones se podrán implementar por completo.

El decreto de Trump, firmado en marzo, ordena al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar listados de ciudadanos en edad de votar para enviarlos a los Estados. Pese a no ser obligatorios, el Gobierno afirmó que negarse a usarlos mostraría intención de permitir el voto a no ciudadanos. Además, insta al Servicio Postal a confeccionar listas de votantes elegibles y remitir papeletas únicamente a los incluidos en ellas.

El rechazo liberal

Por su parte, las juezas del sector liberal expresaron su firme rechazo. La magistrada Sonia Sotomayor criticó que la decisión “no aborda si los intentos del presidente de interferir en la administración estatal de las elecciones de noviembre de 2026 son legales”, ni sugiere que tenga autoridad para ello, sino que “simplemente pospone la resolución”. Por su parte, Ketanji Brown Jackson recriminó al Supremo no aclarar “cuándo, exactamente, es el momento adecuado para presentar una demanda” y acusó a la mayoría conservadora de “perder de vista el objetivo principal” para “fomentar el caos antes de las elecciones de noviembre”.

Pese al varapalo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió de que este “doloroso revés” no será la última palabra: “El derecho al voto es sagrado, y ningún gobierno debería poder ponerlo en peligro. Estamos estudiando nuestras opciones legales”.