El Tribunal Supremo ha confirmado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán continuará en prisión provisional por riesgo destrucción de pruebas, ante los "indicios poderosos" de su "papel directivo" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que se investiga en el marco del 'caso Koldo'.
A través de un auto, la Sala de Apelación rechaza el recurso de apelación presentado por el exdirigente socialista contra el presentado por el magistrado instructor, el pasado 30 de junio, que acordó su prisión provisional, comunicada y sin fianza por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
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Presunción de inocencia
Este martes, la defensa de Cerdán alegó que es víctima de una "presunción de indecencia", descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor, en la vista que se celebró para estudiar el recurso de apelación donde pedía revocar su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Sin embargo, la Sala de Apelación comparte con el magistrado instructor, Leopoldo Puente, la "racional, objetiva y detalladamente fundada" consideración de que hay "peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista" de Cerdán.
Y ello, explican, porque ejercía un "papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes" en la trama, entre los que el instructor incluye al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor ministerial Koldo García, además de a distintos empresarios.
Conversaciones grabadas por Koldo
En este sentido, detallan que las conversaciones grabadas por Koldo con los otros dos imputados reflejan que Cerdán "impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que debían adjudicarse determinadas obras concretas" y "que era él quien pagaba a Ábalos y a Koldo el dinero que les correspondía por las comisiones ilícitamente obtenidas".
"Se refleja de este modo, que era Cerdán quien gestionaba y trasladaba la información de las empresas que habían comprometido el pago por determinadas obras públicas y que debían resultar beneficiadas con la adjudicación final, además de ser quien aparentemente conoció y validó unos mecanismos ocultos de pago que efectivamente se emplearon y que todavía se desconocen", describen.
Todo ello, subrayan, "sin que la investigación haya desvelado la totalidad de empresas que fueron finalmente beneficiadas; ni qué sujetos las representaban y mantuvieron contacto con el recurrente; ni cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero ilícitamente obtenido; ni siquiera si subsisten ciertos depósitos o activos que hayan sido obtenidos con ocasión de su actividad delictiva".
Posibles fondos ocultos
Al hilo, explican que la tesis de estos posibles fondos ocultos resulta coherente "con que solo el importe total de las obras adjudicadas a Acciona por organismos dependientes del Ministerio de Transportes ascendió a 537.271.005 euros y con que por estas adjudicaciones se ha desvelado un flujo monetario de alrededor de un millón de euros, importe que, según la experiencia forense, el instructor constata como exiguo en el marco de esta clase de operaciones delictivas".
Los magistrados razonan que "una parte nuclear de la indagación se orienta a definir todas las entidades involucradas y cuál fue el curso económico de los sobornos entre el pago y su percepción por quienes se enriquecieron con el cobro". "Y sólo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado", recalcan sobre Cerdán.
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