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Una semana después del grave accidente ferroviario registrado en Urda, el pasado 28 de octubre, las causas que provocaron la colisión entre dos trenes de alta velocidad siguen sin esclarecerse. El siniestro, que se saldó con 69 víctimas mortales y más de 200 personas heridas, mantiene abiertas tanto la investigación judicial como la técnica, dos procedimientos que deberán determinar qué ocurrió aquella mañana y qué circunstancias hicieron posible el choque.
El accidente se produjo el 28 de octubre a las 08.53 horas, cuando un AVE de Renfe que realizaba el trayecto entre Madrid y Sevilla, con 378 pasajeros a bordo, embistió a un tren de Iryo que permanecía detenido en la misma vía y en el que viajaban otras 147 personas. Siete días después, las pesquisas siguen centradas en reconstruir la secuencia de acontecimientos que precedieron a la colisión y en aclarar las posibles responsabilidades derivadas de lo sucedido.
Dos investigaciones en marcha
Por el momento, los trabajos avanzan por dos vías diferentes. La investigación judicial está en manos del Tribunal de Instancia de Orgaz y se desarrolla bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido detalles sobre las diligencias practicadas ni sobre las posibles líneas de investigación que se están siguiendo.
En paralelo, la investigación técnica, dirigida por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT), ha dado a conocer un primer informe provisional que apunta a una posible concatenación de incidencias. En concreto, el documento plantea que, después de la caída del sistema de seguridad LZB, pudo producirse una "cadena de averías, instrucciones y actuaciones" que habría terminado desembocando en el choque de ambos convoyes.
Este fallo en el sistema de protección ferroviaria constituye uno de los elementos centrales para reconstruir lo ocurrido. También lo es la actuación del centro de control de Adif, sobre cuya decisión se puso el foco desde los primeros días posteriores al siniestro.
El ya exministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó desde el principio a la decisión que calificó de "inexplicable" del centro de control de Adif de permitir que el AVE continuase circulando a velocidad normal, de hasta 200 kilómetros por hora, pese a que el tren de Iryo se encontraba detenido en el mismo cantón. Este término hace referencia al tramo de vía en el que, por motivos de seguridad, no puede circular más de un tren al mismo tiempo.
Puente compareció en tres ruedas de prensa y también intervino en el Parlamento para dar explicaciones sobre la gestión de la tragedia antes de presentar su dimisión. Sus declaraciones situaron la actuación del centro de control y las consecuencias de la pérdida del sistema LZB entre las cuestiones que deberán esclarecer las investigaciones abiertas.
Ayudas a las víctimas y nuevas medidas de seguridad
En el ámbito de las medidas adoptadas tras el accidente, las actuaciones del Gobierno se han centrado tanto en la atención a las víctimas como en la revisión de los protocolos de seguridad de la red ferroviaria. Horas antes de su dimisión, Puente llevó al Consejo de Ministros un decreto de ayudas para los afectados por el siniestro, con un esquema similar al aprobado para las víctimas de los accidentes registrados nueve meses antes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Junto a estas ayudas, el Ejecutivo puso en marcha un plan extraordinario de seguridad para la alta velocidad, con cambios en los procedimientos de control y supervisión de la circulación ferroviaria. Entre las principales novedades figura la incorporación de una doble supervisión humana cuando se produzcan fallos en los sistemas automáticos de seguridad y sea necesario gestionar la circulación en condiciones degradadas.
El paquete de medidas contempla asimismo mejoras en las condiciones laborales de los controladores, el refuerzo de las plantillas y el desarrollo de un nuevo software para los centros de control de Adif. Esta herramienta incorporará alertas automáticas, registros electrónicos de las comunicaciones y listas de comprobación, con el objetivo de reforzar la supervisión y el seguimiento de las operaciones.
Identificados los fallecidos y retirado el material ferroviario
Mientras continúan las investigaciones y se concretan las medidas para evitar nuevos accidentes, la situación de las víctimas y los trabajos sobre el terreno han registrado avances durante estos siete días. El Instituto de Medicina Legal ha completado la identificación de las 69 personas fallecidas, uno de los principales trabajos que se han llevado a cabo desde el siniestro.
Por su parte, 33 personas permanecen todavía ingresadas en distintos centros hospitalarios de Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía, después de resultar heridas en la colisión. La cifra refleja la magnitud de las consecuencias del accidente, que dejó además más de 200 heridos.
En cuanto a las tareas de recuperación de la infraestructura, los equipos han terminado de retirar los vagones y el resto del material de los dos trenes siniestrados que permanecía sobre las vías. La finalización de estos trabajos supone un paso previo para poder acometer la reconstrucción del tramo afectado, aunque el inicio de las obras está condicionado a la autorización de la jueza que instruye el procedimiento.