El PP da un portazo a la Ley de Extranjería aunque Torres ofrece negociar enmiendas

Aunque todavía queda un margen de unas horas hasta la votación de la toma en consideración este martes en el Congreso de los Diputados, el PP puso en circulación este domingo a través de medios de comunicación afines que da por finiquitadas las conversaciones con el Gobierno español sobre la Ley de Extranjería. El partido de Alberto Núñez Feijóo votará en contra de la modificación del artículo 35 que pretendía un reparto obligatorio, es decir, que todas las comunidades autónomas tengan que atender a los migrantes menores de edad que llegan al Estado sin compañía de sus progenitores o tutores cuando territorios como Canarias estén saturados, al 150% de su capacidad.

Como adelantó La Razón y pudo confirmar este periódico, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se puso este domingo en contacto con el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Se trató de una “conversación por escrito”, según el Ministerio. Pero, a partir de ahí, las versiones difieren. Los populares trasladaron a los medios que Torres ha rechazado sus condiciones. Además, el PP da por sentado que al Gobierno español no le preocupa ya que respalde la toma en consideración y le remite al trámite de las enmiendas porque estaría amarrando el respaldo de Junts. Fuentes del Ministerio consultadas por este periódico dicen que son informaciones “incorrectas”, que en ningún momento se ha trasladado al PP su “no” a negociar sus peticiones y que, si este martes se admite a trámite la proposición de ley, “podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP”. Esta ya es una cuestión de interpretación y de relato, porque el PP cree que quiere decir que la toma en consideración no le preocupa porque la tiene resuelta con Junts. El Gobierno español defiende que lo que está haciendo es pedir al PP que facilite esa toma en consideración con el compromiso de negociar después.

Según el Ministerio, algunas de las propuestas del PP “ya se contemplan en el texto registrado en el Congreso”, como la de no exceptuar a ningún territorio, o que la emergencia migratoria se amplíe a otras comunidades. A partir de ahí, no le admite que se tramite como proyecto de ley (una vía que supone tener que recibir informes técnicos, etc), porque el problema es “urgente”. Tampoco le acepta que los niños cuya minoría de edad no está clara se queden en Canarias. Sobre su exigencia de una Conferencia de Presidentes, dice que se puede tratar en el trámite parlamentario. Por ello, pide al PP “que vote sí y que no se esconda detrás de excusas para, al final, practicar políticas insolidarias”.

La posición del PNV

El PNV había anunciado ya que votaría a favor de la toma en consideración de la reforma, pero con la intención de mejorarla en el trámite posterior para que haya un plan de contingencia y una memoria económica, y para que se ponga fin a la costumbre de resolver la papeleta con repartos puntuales que no serían más que parches y no garantizan que esos niños estén bien atendidos. En la Conferencia Sectorial del pasado día 10, Euskadi aceptó una nueva remesa de 18 menores, que se suman a los 723 que había acogido hasta la fecha, sobre un total de 15.000 en todo el Estado. Contrapuso su actitud a la de otras comunidades, citando expresamente a La Rioja y los 9 menores que había acogido hasta ese momento. La consejera navarra, Carmen Maeztu, aceptó también el traslado, que supone que 15 niños más vayan a la comunidad foral.

El PP, Vox y los buques de la Armada

El PP aceptó su parte del reparto, pero pidió en lo sucesivo un fondo económico, que el Estado habilitara infraestructuras, o incluso sostenía que el Gobierno español no actúa en origen para moderar estos flujos migratorios, que está repartiendo el problema y que habría que desplegar buques de la Armada. Además, el debate se ha crispado totalmente tras la ruptura de Vox con los populares en los gobiernos autonómicos por esta razón. El Gobierno español se había remitido a los 145 euros por día que puede dar por cada niño y adolescente, cifras que se fijaron como criterio en 2022, y se abrió a estudiarlo, pero dejándolo en la inconcreción. La propuesta, que se ha registrado como proposición de ley con el respaldo del PSOE, Sumar y Coalición Canaria, supondría además que el Estado decida a qué comunidad envía a los menores a través del organismo de la Administración General que se fijara en la ley.

El Ejecutivo de Sánchez aspiraba al menos a la abstención del PP para que la ley pudiera superar este primer trámite y se abriera el debate. Lo necesitaba, ante la negativa de Vox, Junts y ERC. Sin embargo, los populares deslizan que podría tener algo apalabrado con Junts. Los soberanistas catalanes, no obstante, habían fijado como condición que Catalunya quedara excluida de este reparto y de la norma. Se da la circunstancia de que Junts había arrancado hace meses un compromiso para delegar las competencias migratorias al territorio que todavía no se ha concretado, o al menos, no públicamente.