El PNV y Junts confirman su apoyo al decreto de entregas a cuenta y permitirán su convalidación en el Congreso

Actualizado hace 6 minutos

PNV y Junts han avanzado su apoyo al decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que ascenderán hasta los 157.731 millones de euros y permitirá a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a vivienda.

La formación independentista catalana ha rebautizado la ley como "Real Decreto Junts" porque incluye las medidas en materia de financiación autonómica y local que la formación exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha destacado que la norma da continuidad al decreto ley que se aprobó en 2025 con el mismo objetivo.

"Por tanto, la posición de Junts per Catalunya en este punto corresponderá a esta realidad: la aprobación de las medidas impulsadas por Junts en beneficio de los Ayuntamientos", ha zanjado el comunicado.

Durante el debate de la ley en el Congreso, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, también ha avanzado el apoyo de su grupo al texto por "responsabilidad" con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Además de dichas entregas, la propuesta también permite a las entidades locales que tengan superávit presupuestario en 2025 gastarlo en inversiones financieramente sostenibles.

A la cifra de las entregas a cuenta se le suma también la previsión de liquidación de 2024, por lo que la financiación total que recibirían las comunidades autónomas en 2026 alcanzaría los 170.300 millones, un 7,7% más que el ejercicio anterior.

El decreto también va destinado a las entregas a cuenta a entidades locales, que ascienden a 29.247 millones, un 8,8% más que el ejercicio pasado.

Sobre el superávit, los ayuntamientos podrán destinar parte de sus recursos del año 2025 a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto. Esto puede ir a inversiones en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras, entre otras. Esta medida, según Hacienda, puede afectar a más de 2.540 entidades locales con un volumen de recursos de 3.000 millones de euros.

Del mismo modo, se ha habilitado un régimen excepcional para que, en el caso de que los ayuntamientos reciban ese remanente que tienen, destinarlo a políticas de vivienda que se lo puedan gastar en los cuatro años siguientes.