El lehendakari Pradales ha tenido que aplazar hasta después del verano su encuentro con el presidente Sánchez porque la negociación de varias competencias de la Seguridad Social sigue bloqueada y, por tanto, el Gobierno Vasco se ha quedado sin el principal acuerdo de calado que hubiera justificado que se celebrara una reunión de ese nivel. El PNV, que tiene un pacto de investidura con el presidente español, señala como artífice y responsable de este bloqueo al secretario de Estado de la Seguridad Social que depende del ministerio socialista de Elma Saiz. Los jeltzales creen que Borja Suárez Corujo hace prevalecer su visión “ideológica” y “tradicional” acerca de la Seguridad Social y se aferra al funcionamiento que ha mantenido el sistema durante décadas, según desveló a Grupo Noticias el presidente del EBB, Aitor Esteban.
Suárez (Madrid, 1973) es un académico que ha centrado su labor investigadora y docente en el campo de las pensiones. Es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, un currículum que puede explicar a qué se refiere el PNV cuando señala el peso ideológico que estaría atenazando estas conversaciones. La cuestión es que Suárez compareció recientemente en comisión en el Senado, el pasado mes de abril, para dar explicaciones por los acuerdos alcanzados en enero con el Gobierno Vasco sobre un primer paquete de materias de la Seguridad Social (traspasos que también llegaron con retraso tras el aplazamiento de la Comisión de Transferencias de diciembre). Y es cierto que Suárez defendió esos acuerdos en su comparecencia, aunque ya entonces subrayó los “límites” de este debate y se encargó de restar trascendencia política a las competencias acordadas porque hacían referencia en su mayor parte al plano asistencial, a las prestaciones no contributivas sin una relación directa con la caja de la Seguridad Social, o bien se trataba del seguro escolar, con un valor económico “muy residual”, como se encargó de subrayar. No se hablaba entonces de las materias que ahora mismo están sobre la mesa y que han generado el bloqueo: las mutuas colaboradoras y la incapacidad temporal, y las prestaciones contributivas familiares por nacimiento, riesgos y cuidados.
"Son realmente algo minúsculo"
En cuanto a las materias acordadas en enero, Suárez defendió que la cesión de las prestaciones familiares no contributivas era coherente con una situación consolidada desde hace décadas, porque todas las comunidades autónomas y las propias instituciones vascas gestionaban ya otras prestaciones del “nivel no contributivo”, o de manera más reciente, el IMV. Por tanto, vino a decir que no era nada rompedor y que el acuerdo con el Gobierno Vasco simplemente ampliaba el catálogo de prestaciones no contributivas para que la comunidad autónoma pudiera gestionar las familiares.
En segundo lugar, habló sobre el seguro escolar, “un vestigio del pasado” regulado por una ley preconstitucional de 1953 y que, según dijo, no responde a los principios actuales del sistema de la Seguridad Social. Precisamente el acuerdo sobre esta materia supuso reconocer por primera vez a las instituciones vascas funciones propias de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y fue esta materia la que, según el PNV, mantuvo en vilo las negociaciones y estuvo a punto de provocar un nuevo aplazamiento de la Comisión de Transferencias. Pero, una vez acordada, el secretario de Estado le quitó hierro: dijo que estas prestaciones “son realmente algo minúsculo” y que, en 2025, el número de ayudas del seguro escolar desembolsadas en la CAV “no pasó de las 36”. “Una presencia, digamos, muy, muy limitada”, repitió.
En tercer lugar, dejó pasar su primer turno de intervención sin explicar los subsidios del paro y una parte que sí era contributiva, las prestaciones contributivas de desempleo. El secretario de Estado destacó que, “en realidad”, a la Seguridad Social solo le afecta “muy indirectamente”, de manera marginal, y en lo referente a los trabajadores del mar. Y, en cualquier caso, presentó este acuerdo como una continuación lógica de la transferencia de las políticas activas que fomentan el empleo: ahora se cerraba el círculo con las políticas pasivas para las situaciones de desempleo. “La propia Comisión Europea siempre ha insistido en que es necesario coordinar y mejorar la coordinación entre las políticas activas y las políticas pasivas”, dijo. Sin embargo, aclaró que es importante saber “dónde están los límites”, porque en este caso se transfieren “la gestión y el reconocimiento de esas prestaciones”, pero la legislación y el “pago” siguen siendo del Estado, es decir, el dinero sigue saliendo de la caja de la Seguridad Social y lo que se transfiere a la comunidad autónoma son los medios humanos y materiales. “Precisamente por esa vinculación al principio de unidad de caja”, zanjó. Tras su intervención, el PNV compartió que los acuerdos no rompen el carácter unitario del sistema, y que el Estado tiene la competencia sobre la legislación básica de estas prestaciones. Hasta ahí, ningún problema, aunque recordó que quedaban otras materias que transferir y sobre las que hablar. El secretario defendió que estos acuerdos son pasos hacia la “descentralización” de “algunos puntos concretos de la acción protectora de la Seguridad Social”, y desde el “liderazgo indiscutible” del Estado.