Actualizado hace 10 minutos
El proceso de desmantelamiento de Corrugados y las consecuencias de la sentencia que declara ilegal el decreto del Ayuntamiento de Azpeitia que avalaba la cancelación de toda actividad en los terrenos de Amue marcaron el desarrollo de la última sesión plenaria del Consistorio azpeitiarra.
Revés judicial
El PNV manifestó que las dos sentencias emitidas en este contencioso han rebatido todos los argumentos del equipo de gobierno, que negaba la posibilidad de que Corrugados retomara la actividad, tal y como había solicitado la empresa.
Según señaló su portavoz, Javier Altuna, la lectura de la sentencia indica que existía una comunicación formal de la intención de retomar la actividad por parte de la empresa.
También señala de manera explícita que la actividad de Corrugados, que ya contaba con la autorización ambiental, podía desarrollarse en el que era su emplazamiento.
La alternativa de Trukutxo
Asimismo, indica que el PGOU establecía que la actividad urbanística podía seguir desarrollándose hasta que se aprobara el Plan Especial y que el traslado a Trukutxo, contemplado en su momento, precisaba de forma imprescindible de la reanudación de la actividad, ya que, de lo contrario, sería inviable desde el punto de vista económico.
«La sentencia refuta todos los argumentos del equipo de gobierno: existía un proyecto y cumplía tanto con los requisitos medioambientales como con los jurídicos», manifestó Altuna.
Decisión ilegal
El PNV considera que EH Bildu retiró la licencia de actividad a la empresa de manera ilegal.
Se trata de un hecho que sitúa al Ayuntamiento de Azpeitia ante la posibilidad de tener que afrontar reclamaciones de la empresa propietaria de Corrugados por los perjuicios que le ha generado.
Petición de explicaciones
Altuna preguntó por los acuerdos que ha alcanzado el Ayuntamiento con la empresa propietaria y por los informes jurídicos que respaldan esas actuaciones, así como por la postura de la empresa en este contencioso.
«Queremos saber si existe algún pacto oculto que haya posibilitado el desmantelamiento y la demolición de las instalaciones. Es decir, si se han negociado medidas encubiertas a favor de los propietarios cuyo contenido íntegro los azpeitiarras tienen derecho a conocer. La última sentencia favorece objetivamente la posición jurídica de la empresa y creemos que es relevante saber si el Ayuntamiento tiene garantías de que la empresa ha renunciado expresamente a ejercitar una reclamación de responsabilidad patrimonial por el lucro cesante sufrido durante estos años».
El tema de Corrugados cerró la sesion plenaria del martes en el Ayuntamiento de Azpeitia.
Costes de personal y mantenimiento
En su intervención, el portavoz del PNV indicó que los costes de personal y mantenimiento de Corrugados desde el cierre de la planta han ascendido a cerca de 3.000.000 de euros, una cantidad lo suficientemente importante como para exigir explicaciones al Ayuntamiento.
«Se trata de una cifra que podríamos tener que terminar pagando los azpeitiarras. ¿Ha renunciado la empresa a reclamar esta cantidad? ¿A cambio de qué?», concluyó Altuna.
Amparo legal
En su respuesta, la alcaldesa, Nagore Alkorta, dejó a un lado las preguntas del PNV para reafirmarse en los argumentos que llevaron a EH Bildu a impulsar el decreto que derivó en la caducidad de la licencia.
Puso en valor la cobertura legal que sustenta la decisión, amparada por el Plan Territorial Parcial del área de Zarautz-Azpeitia, el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial del Área de Amue, que vinculan el desarrollo de la zona a proyectos de tipo residencial, y volvió a destacar la satisfacción del equipo de gobierno por los avances que se están dando en el camino hacia el desmantelamiento de Corrugados.
Sintonia con la empresa
En ese sentido, puso de relieve la sintonía que han mantenido durante todo este proceso el Ayuntamiento y la empresa propietaria de los terrenos y recordó que ambas partes coincidieron en solicitar el archivo del juicio que se estaba celebrando en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Asimismo, señaló que la sentencia no hace referencia en ningún momento al pago de indemnizaciones por parte del Ayuntamiento a la empresa propietaria de Corrugados Azpeitia.