Aunque no entraba dentro de las previsiones iniciales, el PNV sigue dando una oportunidad al diálogo con sus aliados socialistas y ha ampliado el plazo, hasta finales de mes, para alcanzar un acuerdo sobre el blindaje jurídico del euskera como requisito en las ofertas públicas de empleo. Se da más tiempo, pero también pide a las otras partes que se muevan, e insiste en que el acuerdo solo será posible si no hay “maximalismos” (en una referencia velada a EH Bildu) ni “inmovilismo” (el PSE no quiere despegarse de la letra del decreto de perfiles pactado con el PNV la legislatura pasada).
El portavoz parlamentario de los jeltzales y burukide nacional, Joseba Díez Antxustegi, insistió este miércoles en Onda Cero en trabajar hasta el último segundo, y quiere convencer al resto de lo relevante que sería sellar la paz con este asunto, alcanzar un acuerdo plural que permita sacar el euskera del “pim, pam, pum” partidista. En paralelo, en una entrevista en Radio Euskadi, el consejero socialista de Turismo, Javier Hurtado, se remitió de nuevo al decreto de la legislatura pasada. No llegó expresamente a romper la baraja y puso en valor que el PSE ha estado en todos los consensos para normalizar el uso del euskera, pero avisó de que se mantendrá “firme” en su posición.
Como recordó Díez Antxustegi, el PNV decidió empezar la negociación llamando primero al PSE porque era “importante” comenzar con su socio de gobierno. También han existido contactos con EH Bildu, pero “a otro nivel”, y dejó caer que los documentos que ha hecho llegar la izquierda abertzale están faltos de cierta concreción. Aun así, mantuvo que el PNV está abierto a “hablar con todos los que estén dispuestos a moverse”, y moverse supone no quedarse en posiciones “inmovilistas” ni “maximalistas”. No citó a nadie por sus siglas. Pero es de sobra conocido que el PSE quiere que el acuerdo se acerque lo más posible al decreto pactado en la legislatura pasada. Esto supone que los socialistas quieren mantener los índices generales de obligado cumplimiento con el porcentaje de plazas en euskera, ya sea con ese nombre o con otro, pero quieren que el Gobierno fije algún tipo de marco general o de paraguas. El PNV quiere evolucionar hacia un modelo que dé autonomía a las instituciones para que cada una pueda fijar el número de plazas en función de su realidad social y respetando la proporcionalidad. Algunos tribunales han tomado el índice obligatorio como tope máximo, de ahí la solución que propone el PNV en base a la autonomía municipal.
EH Bildu, por su parte, plantea un giro de 180º grados con una estrategia jurídica “inversa”: ya no se trataría de establecer el porcentaje de plazas bilingües, sino que el conocimiento de euskera sería una regla general y, a partir de ahí, habría que establecer índices de referencia con las excepciones, con puestos solo en castellano que podrían aplazar el conocimiento de euskera por un tiempo a cambio de establecer planes de aprendizaje y liberaciones que se evaluarían cada cinco años. Los municipios euskaldunes no tendrían por qué aplicar los índices de referencia, de modo que podrían exigir el conocimiento de euskera en el 100% de plazas. El PNV cree que sería inmediatamente recurrido.
"No convertirlo en una herramienta de unos contra otros"
“No sabemos si lo vamos a lograr o no, pero lo que está claro es que vamos a trabajar hasta el último segundo del último minuto del último día para alcanzar un acuerdo. Hacen falta acuerdos plurales, entre diferentes. Tenemos que sacar el euskera de las disputas partidistas; del pim, pam, pum. No podemos convertirlo en una herramienta de unos contra otros. Si hay una cuestión que tenemos que alejar del pim, pam, pum es el euskera”, dijo Díez Antxustegi. Apostó por aunar “a todas las sensibilidades políticas o al menos a las principales”. “Por eso pedimos ampliar el plazo”, recalcó.
El jeltzale defendió la protección del euskera, pero también la protección de las personas que se presentan a una oferta pública de empleo, pagan una tasa, se dedican en cuerpo y alma a estudiar dejando incluso sus trabajos, y se exponen a que un tribunal tumbe la convocatoria y su esfuerzo quede en agua de borrajas. Con esta apelación trata de tocar la fibra sensible del PSE, aunque los socialistas parecen especialmente inquietos por el caso de quienes ya trabajan como interinos y pueden perder su plaza si no acreditan cierto perfil lingüístico. El consejero Hurtado dijo que el PSE “siempre ha estado a favor de todos los procesos de normalización de los últimos años” y quiere mantener ese consenso. “Costó mucho llegar al decreto de perfiles, y ahora han sido otros partidos los que se han salido. Nos mantenemos siempre en las mesas de negociación para mejorar cualquier regulación, pero nos vamos a mantener firmes en la posición que defendimos desde el primer momento”.