El PNV denuncia amenazas y acoso a la alcaldesa de Santurtzi por el caso Ander

Actualizado hace 1 hora

El grupo municipal de EAJ-PNV de Santurtzi ha formalizado este jueves una denuncia ante la Ertzaintza tras constatarse una escalada de insultos, coacciones y graves amenazas dirigidas hacia la alcaldesa de la localidad marinera, Itziar Carrocera, quien ha llegado a ser objeto de una imagen difundida en redes sociales donde su rostro aparece enmarcado dentro de una diana.

La denuncia llega en plena polémica por el caso de Ander Sáenz, el joven de la localidad que falleció dos días después de ser reducido por agentes de la Policía Local, un suceso que se encuentra actualmente bajo investigación judicial.

Imagen con una diana en redes sociales

Frente a la gravedad de los acontecimientos registrados en los últimos días, la organización jeltzale ha querido hacer pública su más firme condena y expresar un mensaje rotundo de apoyo, afecto y solidaridad hacia la primera edil. Desde la formación abertzale han remarcado que la regidora está soportando una campaña de hostigamiento sistemático que resulta intolerable en el ejercicio de cualquier responsabilidad pública. En una de las publicaciones detectadas en plataformas digitales, la figura de Itziar Carrocera aparecía rodeada explícitamente por una diana, un señalamiento gráfico que ha elevado la alarma institucional.

La representación de EAJ-PNV en Santurtzi ha calificado estas conductas como actuaciones totalmente inaceptables que atentan contra los principios democráticos básicos y la convivencia ciudadana que se pretende para la sociedad. A través de su posicionamiento, la formación ha subrayado que ante los intentos de infundir miedo o amedrentar a los representantes institucionales, la respuesta del partido será firme mediante la unidad, la serenidad y la determinación. Con el objetivo de esclarecer el origen de estas coacciones y señalar a los autores de los contenidos, el asunto ya ha sido puesto en conocimiento de la Ertzaintza para que desarrolle las correspondientes pesquisas policiales y determine las responsabilidades penales que pudieran derivarse.

La difusión del vídeo sobre la intervención a Ander Sáenz

Este escenario de acoso contra la alcaldesa se enmarca dentro del impacto social provocado por la difusión de una grabación relacionada con el operativo policial del pasado 22 de junio. Ese día, el joven santurtziarra Ander Sáenz fue reducido en la vía pública por hasta seis agentes de la Policía Local de Santurtzi. Tras la intervención, el joven tuvo que ser ingresado en el Hospital de Cruces, donde finalmente se confirmó su fallecimiento dos días después. La reciente divulgación del vídeo por parte de la plataforma Justizia Anderrentzat ha aportado nueva luz sobre la actuación de las fuerzas de seguridad municipales y ha desatado una profunda indignación en la opinión pública.

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Ante la conmoción causada por la visión de las imágenes, la propia Itziar Carrocera compareció públicamente tras la celebración de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana para fijar la posición institucional del Ayuntamiento. Durante su intervención, la regidora reiteró sus condolencias y el respeto y acompañamiento del consistorio hacia el aita, la ama, los familiares y los allegados del joven fallecido. La alcaldesa quiso dejar claro que ningún integrante del Equipo de Gobierno municipal tenía conocimiento previo de la existencia de dicho vídeo grabado por un vecino antes de su difusión pública en las redes sociales y medios de comunicación.

Carencias de información y solicitud de un nuevo informe

Al evaluar el contenido del documento audiovisual, Itziar Carrocera reconoció de forma tajante que se trata de imágenes duras, preocupantes y difícilmente justificables. Asimismo, la primera edil admitió abiertamente que la información trasladada inicialmente por la jefatura policial al Ayuntamiento era incompleta, constatando que la secuencia recogida en la grabación no figuraba en los informes internos con los que contaba la corporación hasta ese momento. La alcaldesa enfatizó que, si bien se habían encargado diversos análisis a lo largo de los meses anteriores, el consistorio carecía de todos los datos sobre la intervención real sobre el terreno.

A raíz de estas incoherencias, el Equipo de Gobierno de Santurtzi ha solicitado formalmente un nuevo informe por escrito y detallado al mando responsable de la operación policial del 22 de junio con el fin de reconstruir con precisión la cadena de acontecimientos. Aunque Carrocera rehusó precisar qué detalles concretos de la grabación eran desconocidos hasta la fecha por el consistorio, sí aclaró que esas cuestiones no guardan relación con el uso o no de la pistola táser. La regidora hizo además un llamamiento directo a la colaboración ciudadana, solicitando que cualquier persona que disponga de vídeos o material gráfico adicional lo ponga de inmediato a disposición de las autoridades judiciales para ayudar a esclarecer la verdad de los hechos por encima de cualquier otro interés.

Investigación judicial, autopsia y medidas disciplinarias

Actualmente, el suceso se encuentra sometido a un proceso de instrucción judicial. Paralelamente, la actuación de los agentes está siendo analizada por la Ertzaintza y por la Comisión de Transparencia del Gobierno Vasco, organismos encargados de evaluar los procedimientos aplicados y depurar las posibles responsabilidades de cualquier índole. Por su parte, la familia de la víctima mantiene una batalla en los juzgados solicitando la asunción de responsabilidades penales y ha llegado a denunciar que, en las primeras etapas del caso, el consistorio evitó facilitar de forma directa la identidad de los policías participantes.

En el plano político municipal, formaciones de la oposición como EH Bildu Santurtzi, junto con diversos colectivos sociales, han exigido la expulsión inmediata o la suspensión cautelar preventiva de servicio para los agentes que intervinieron en la maniobra. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santurtzi mantiene por el momento la decisión de no aplicar sanciones disciplinarias preventivas. El consistorio santurtziarra ha reiterado su compromiso de actuar con cautela y esperar a disponer del informe definitivo de la autopsia, así como a las conclusiones que arrojen las investigaciones judiciales y policiales en curso, antes de adoptar medidas cautelares o determinar responsabilidades individuales.