El Parlamento Vasco ultima la Ley de Transparencia con el rechazo de Bildu

El Parlamento Vasco ha dado un paso más para la aprobación de la Ley de Transparencia tras concluir el trámite en una ponencia en la que el principal partido de la oposición, EH Bildu, ya ha anunciado que votará en contra de esta normativa.

El próximo 22 de abril se celebrará la comisión parlamentaria en la que se votarán las enmiendas de los grupos al proyecto de Ley de Transparencia, y se aprobará el dictamen que posteriormente tendrá que ser ratificado por el pleno de la Cámara de Gasteiz.

Tras la ponencia de este miércoles PNV y PSE, socios en el Ejecutivo vasco y que tienen mayoría en el Parlamento, aclararon que se incorporarán enmiendas “de todos los grupos”, alrededor de una treintena, y destacaron que la ley reforzará “la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Una de las enmiendas que se van a aceptar, de Sumar, establece que la designación de la Presidencia de la Autoridad Vasca de la Transparencia, Gardena, recaerá en el Parlamento y no en el Gobierno Vasco. Los socios explicaron que la ley reforzará los mecanismos de control, mejorará la rendición de cuentas y ofrecerá herramientas a la ciudadanía para exigir una administración “más abierta y responsable”.

Por su parte, EH Bildu confirmó que no apoyará la norma porque se ha constatado que ni el PNV ni el PSE “tienen interés en activar medidas y mecanismos que refuercen de verdad la transparencia en las políticas públicas”. La coalición ha presentado 127 enmiendas, de las que 107, señaló, cuentan con la oposición de jeltzales y socialistas.

Según EH Bildu, la ley “no establecerá medidas y mecanismos para proteger y garantizar los derechos de las personas que presenten denuncias o informen de irregularidades”, y tampoco regula debidamente a su juicio las relaciones de los grupos de presión con los cargos y empleados públicos.

El PP no ha avanzado si apoyará o no la ley ya que aún no tiene una postura clara, y lo más seguro es que Vox se posicione en contra ya que fue el único partido que enmendó a la totalidad el texto.

Desde Sumar pusieron en valor que se haya aceptado su propuesta para que la Presidencia de Gardena sea elegida por el Parlamento en lugar de por el Gobierno Vasco, pero la coalición señaló que su posición en torno al conjunto de la norma “es contraria y ni tan siquiera barajan la abstención”, por el momento.

El Gobierno Vasco lleva años intentando tener una Ley de Transparencia, aunque proyectos normativos similares no han podido aprobarse durante las tres anteriores legislaturas por distintas circunstancias. Este es el cuarto intento del Ejecutivo para sacar adelante la norma.

Un anterior proyecto fue aprobado en el último tramo de la legislatura de Iñigo Urkullu, en noviembre de 2023, aunque la convocatoria de las elecciones el 21 de abril de 2024 dejó este texto sin poder completar sus trámites en la Cámara. Precisamente ese proyecto es el mismo, con idéntico contenido inicial, que el que tramita ahora al Parlamento.

Denunciar sin represalias

Entre sus contenidos, la norma recoge la protección a los ciudadanos que denuncien sobre infracciones o corrupciones, que se articulará a través de un canal externo a través del cual las personas puedan dirigirse sin temor a represalias.

El texto recoge que la nueva normativa sea de obligado cumplimiento en la administración vasca, las instituciones locales, las juntas generales de los tres territorios, el Ararteko, el Consejo de Relaciones Laborales, el Parlamento y en algunos aspectos en el sector privado, pero no en las diputaciones forales, que disponen de sus propias regulaciones.

Incluye la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia como un órgano independiente que velará por garantizar que la Administración Pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información.

La ciudadanía podrá interponer ante este órgano una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o esta no sea la deseada. El proyecto de ley establece asimismo un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia.