La mesa contra la segregación escolar ha entrado en su fase más “decisiva”: plasmar en acciones concretas las reflexiones surgidas del diagnóstico elaborado por el Gobierno vasco. Esta radiografía indica que desde que el curso 2022-2023 se activaron los ajustes en el proceso de matriculación, la vulnerabilidad ha bajado un 5% en global. No obstante, este examen advierte también de que aún hay que hacer una distribución más equitativa del alumnado vulnerable para alcanzar una segregación baja en ciertas zonas. En concreto, Euskadi debería mover a otros centros escolares a entre el 30% y el 50% de este alumnado de las capitales y los municipios de más de 75.000 habitantes para poner fin a los guetos.
La escuela vasca se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en lo tocante a la concentración de alumnado desfavorecido –migrante y pobre– en ciertos centros, mayoritariamente en centros públicos de zonas urbanas. Únicamente le superan Austria, Reino Unido y Bélgica. Esta separación genera desigualdades en el rendimiento académico, incrementa el riesgo de repetición y abandono escolar, afecta la autoestima y salud emocional del alumnado, y perpetúa las desigualdades socioeconómicas.
Con la crisis de natalidad como telón de fondo –la espada de Damocles que se cierne sobre el sistema– se invitó a la cuarta reunión de este foro, celebrada este miércoles, a las direcciones de varios centros que han vivido o están en proceso de fusión. Así, los principales agentes del sector educativo que trabajan en la mesa Eskola Bikaina Denontzat junto a la Administración pudieron escuchar sin intermediarios las experiencias del centro Anaitasuna de Ermua –resultado de la integración de ikastola Anaitasuna y Ongarai eskola– y de la futura Errota Eskola de Gasteiz – fruto de la fusión de Landazuri Ikastola y el centro Santa María–.
Durante el encuentro, los responsables de estos centros compartieron con otros colegas los motivos que les impulsaron a emprender las fusiones, qué retos han encontrado en ese camino y cuáles han sido los apoyos que han precisado. "Ante este proceso de integración, al principio, tuvimos miedo. Una vez reflexionada la situación de incertidumbre, nuestro primer paso tenía que ser desde la confianza", declaró la directora de Anaitasuna, Alazne Agirregomezkorta. En su caso, están encontrando "dificultades para modelar y remodelar diferentes situaciones", como la necesidad de más espacio o un nuevo comedor. "Esta nueva realidad va a generar cambios en nuestro pensamiento", reconoció. "El proceso de unión no es una fórmula de uno más uno, dos. Durante el proceso hay que poner en valor los principios y la identidad de cada escuela y construir nuevos objetivos", destacó el representante de Errota Eskola, Diego Colino, que aseguró que "la fusión no termina en el curso 26-27, sino que es un proceso que seguirá año a año".
Problema de sobreoferta
Al término de la reunión, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, aseguró que "ha sido muy interesante escucharles de primera mano" porque su testimonio puede ayudar a la toma de decisiones de cara a lograr la integración y el éxito académico. Uno de los documentos de trabajo presentados en la mesa apunta, precisamente, a la necesidad de intervenir en la sobreoferta de plazas acentuada por la caída de la natalidad del 30% la última década, que está detrás de parte de la segregación. “Si no se actúa, la sobreoferta derivada de esta caída demográfica puede agravar las dinámicas segregadoras, ya que las familias tenderán a concentrarse en determinados centros”. Afrontar este reto, dice el documento, implicará adoptar decisiones “valientes y planificadas” sobre cierres, fusiones o integraciones de centros educativos, con criterios de “equidad y sostenibilidad a medio plazo”.
En este sentido, la titular de la cartera de Educación insistió en que la transformación demográfica que vive Euskadi –con menos natalidad y un creciente número de alumnado foráneo que no conoce euskera y, en algunos casos, tampoco el castellano– está generando nuevas necesidades en los centros. Satisfacerlas, dijo, obliga a "repensar el mapa escolar, reforzar la equidad y asegurar que todos los centros cuenten con proyectos sólidos y capacidad para atender a un alumnado cada vez más diverso". "Es importante escucharles, que sean ellos y ellas los que realmente cuenten cómo se vive un proceso de integración, con el objetivo de que la comunidad educativa se implique realmente para que todo el alumnado pueda llegar lejos, ascender socialmente y tener un recorrido académico y social de impacto", señaló la consejera. A su juicio, "alinear a los equipos directivos de nuestros centros, a los padres y a toda la comunidad con este cambio que estamos haciendo, es fundamental si realmente queremos construir una escuela exitosa de cara al futuro, y eso es lo que se ha puesto sobre la mesa".
Propuestas
A través de una dinámica participativa, de la que se autoexcluyó el sindicato LAB, los agentes se juntaron en grupos de trabajo para poner en común las iniciativas que recogerá el futuro Pacto contra la segregación basadas en tres líneas estratégicas: fomento del éxito escolar, gestión de la oferta y escolarización, y familia y políticas de actuación conjunta entre administraciones. Respecto a la gestión de la oferta, uno de los documentos facilitados por Educación a los agentes habla de la corresponsabilidad “efectiva” de todos los centros financiados con fondos públicos.
El escrito recoge que “una parte de la red concertada sigue escolarizando porcentajes muy bajos” de alumnado de bajo ISEC y de origen migrante, lo que contribuye “a la polarización social del sistema”. Lograr una corresponsabilidad real, dice el texto, implicaría “establecer mecanismos vinculantes, incluyendo condicionantes en los conciertos educativos, cupos obligatorios y seguimiento público de resultados”.
Asimismo, se plantea la necesidad de “reforzar la supervisión de prácticas de admisión” y “garantizar la eliminación efectiva” de las barreras económicas que generan desigualdad en el acceso del alumnado, es decir, poner fin a las cuotas que la concertada sigue cobrando a las familias, incluso vulnerables. También plantea becas específicas a las familias o una financiación suficiente a los centros, algo que de algún modo ya se cumple. Las medidas que se vayan perfilando en la fase abierta ayer se desarrollarán en los próximos meses y constituirán la base de la hoja de ruta que el Departamento de Educación implantará progresivamente para transformar el sistema. "En enero seguiremos trabajando y definiendo cuáles son y qué forma deben tomar el proyecto y la acción", declaró Pedrosa.