El juicio por el brote de listeriosis provocado en 2019 por carne mechada contaminada de la empresa Magrudis, que causó cuatro muertes y más de 200 intoxicaciones, ha vuelto a aplazarse tres semanas y, en principio, comenzará el próximo 16 de diciembre. La decisión permitirá disponer de varios informes pendientes del Instituto de Medicina Legal de Sevilla mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo que evite la celebración del proceso judicial.
Según han confirmado fuentes de la negociación a Europa Press, el nuevo aplazamiento se ha solicitado de común acuerdo entre las partes que participan en las conversaciones, con la excepción del Ayuntamiento de Sevilla, que continúa sin incorporarse a ellas. La vista estaba inicialmente prevista para el 16 de octubre, pero ya había sido pospuesta primero al 3 de noviembre y posteriormente al 23 de ese mismo mes.
Un acuerdo de diez millones de euros
Las negociaciones buscan evitar un macrojuicio para el que están previstas más de 40 sesiones y resolver las reclamaciones económicas de los afectados. Las indemnizaciones solicitadas ascienden a unos diez millones de euros, de los cuales, según las propuestas abordadas hasta ahora, la mitad correspondería al Ayuntamiento de Sevilla.
El abogado Manuel Parrilla, representante de algunos de los perjudicados, ya había explicado que los aplazamientos pretendían dar margen al Consistorio para incorporarse a las conversaciones. El letrado defendió que los afectados estaban reclamando indemnizaciones básicas y que las distintas partes estaban realizando esfuerzos para alcanzar un entendimiento.
Fuentes de la negociación sostienen que el Ayuntamiento dispone de mecanismos extraordinarios de financiación para afrontar los pagos y mantienen abierta la posibilidad de negociar otras fórmulas. Uno de los abogados ha lamentado que la administración municipal siga siendo la única parte que no se ha sentado a negociar.
Las penas que solicita la Fiscalía
La Fiscalía atribuye a los hechos un presunto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete de lesiones al feto por imprudencia grave y otros 235 de lesiones por imprudencia grave. También aprecia posibles delitos de defraudación de fluido eléctrico y falsedad en documento oficial.
Por el delito contra la salud pública, el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión para José Antonio Marín Ponce, sus hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, además de otros seis años para cada uno por los homicidios imprudentes.
La acusación contempla asimismo multas por la presunta defraudación eléctrica y un año y medio adicional de cárcel por falsedad documental para José Antonio Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y el arquitecto Sergio L. G.