El juicio de la 'Operación Kitchen' continúa esta semana con los informes finales de las defensas y, tras ello, los acusados podrán usar su derecho a la última palabra antes de que quede visto para sentencia, después de más de tres meses de vista oral.
Así se retomará este lunes el juicio que indaga en el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de ese modo, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
El lunes está previsto que Antonio García Cabrera, el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, exponga ante el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Teresa Palacios su informe final, y que tras él hagan lo mismo las defensas del comisario Andrés Gómez Gordo y del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Se prevé que los alegatos finales se extiendan al miércoles y que el jueves los ocho acusados puedan usar su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.
FISCALÍA SOLICITA LA PENA MÁS ALTA PARA VILLAREJO
La Fiscalía Anticorrupción pide la pena más alta para Villarejo, 19 años de prisión, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio.
El fiscal César de Rivas acusa al comisario jubilado de haber captado como confidente al exchófer de Bárcenas para localizar "información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad".
Según el relato del fiscal, Villarejo trasladaba dicha información al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que a su vez informaban al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también acusados los tres.
En la semana precedente, las defensas del exministro del Interior, de su ex 'número dos' y del exDAO expusieron sus informes finales, en los que solicitaron la absolución de sus clientes, argumentando que lo que hubo fue un operativo de inteligencia legal que tenía como objetivo indagar en el patrimonio de Bárcenas y averiguar si tenía escondido dinero en el extranjero.
LAS AGENDAS Y GRABACIONES
Sin embargo, el fiscal sostuvo en su informe final que el "interés" por la documentación de Bárcenas "se plasmó en las agendas y diarios de Villarejo", una persona que "cuando hablaba con terceros podía incluso fanfarronear o exagerar", pero que cuando escribía en sus agendas "no se engaña a sí mismo" y redactaba "exactamente lo que estaba viviendo", subrayó. "Lo relevante de las anotaciones no es tanto el hecho en sí de la captación como que plasma la participación de todos y cada uno de los encausados", precisó.
Las agendas y grabaciones de Villarejo son las pruebas clave del juicio en las que se respaldan las acusaciones, mientras que las defensas consideran que son indicios "subjetivos" y aseguran que su contenido "no es fiable".
Fiscalía pide 15 años de prisión por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad para Férnandez Díez, Martínez, Pino y Gómez Gordo, mientras que para Ríos solicita 12 años y medio, así como la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía, cargo que presuntamente consiguió por sus actividades para la trama.
Asimismo, pide la condena más baja para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, dos años y medio, por un supuesto delito de encubrimiento.
La familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, así como PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular, mantienen su acusación contra el comisario José Luis Olivera, que fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, mientras que Anticorrupción solicitó que se archivase la causa para él.