El juicio de la 'Operación Kitchen' continúa esta semana con los informes finales de las defensas y, tras ello, los acusados podrán usar su derecho a la última palabra antes de que quede visto para sentencia, después de más de tres meses de vista oral.
Así se ha retomado este lunes el juicio que indaga en el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de ese modo, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido. Se prevé que los alegatos finales se extiendan al miércoles y que el jueves los ocho acusados puedan usar su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.
La defensa de Villarejo
Este lunes, la defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado su absolución ante el tribunal de AN y ha denunciado que la 'Operación Kitchen', relativa al presunto espionaje a Luis Bárcenas, "nunca existió como tal", sino que fue el extesorero del PP quien creó esta denominación "a través de un grupo de periodistas" a los que "hábilmente movilizó".
El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 22 de julio de 2026, en Madrid.
Así lo ha manifestado el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, durante su informe final en el juicio por el presunto espionaje orquestado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
"Queremos exponer la circunstancia de que este caso cuasi periodístico, el famoso 'caso Kitchen', nunca existió como tal con ese nombre, sino que se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas (a los) que hábilmente movilizó, unido al hecho de la aparición de las grabaciones y las anotaciones, ya en 2017, de Villarejo", ha expuesto.
Rechaza una "operación parapolicial"
García Cabrera ha rechazado denominar la presente causa como "una operación parapolicial", pues, en su opinión, este es "un término más periodístico que jurídico".
"Es un titular periodístico porque nada de lo que se ha practicado en esta causa, nada de la prueba que se ha practicado, permite inferir el gran titular que marca 'Kitchen'", esto es, "que fue una operación policial para sustraer a un procedimiento judicial documentos incriminatorios para el Partido Popular", ha resumido el letrado.
Así, el abogado ha enmarcado 'Kitchen' en "una operación de inteligencia" y, seguidamente, ha lanzado: "¿En la operación de inteligencia se pudo cometer alguna irregularidad? Ya lo veremos". Después, ha sostenido que la "tesis oficial" sobre la existencia de una "operación del PP para robar documentación" se creó "de una manera progresiva".
El letrado ha dedicado una parte de su intervención a restar importancia a las agendas de su defendido, que han constituido una de las pruebas clave a lo largo del proceso. "¿Qué escribe una persona en un diario? Pueden ser hechos reales, pero también pueden ser, de un agente de inteligencia como él, hipótesis, informaciones no verificadas, escenarios, líneas de investigación, evaluaciones preliminares, valoraciones personales... O simples rumores", ha defendido.
Y ha añadido: "Es difícil analizar objetivamente lo que son impresiones subjetivas de una persona, como las que se pueden plasmar en un diario de una persona tan singular como Villarejo. Por lo tanto, darle la validez absoluta a cualquier anotación como un hecho indiscutible que ocurrió... No nos parece correcto".
Villarejo, pena más alta
La Fiscalía Anticorrupción pide la pena más alta para Villarejo, 19 años de prisión, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio.
El fiscal César de Rivas acusa al comisario jubilado de haber captado como confidente al exchófer de Bárcenas para localizar "información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad".
Según el relato del fiscal, Villarejo trasladaba dicha información al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que a su vez informaban al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también acusados los tres.
En la semana precedente, las defensas del exministro del Interior, de su ex 'número dos' y del exDAO expusieron sus informes finales, en los que solicitaron la absolución de sus clientes, argumentando que lo que hubo fue un operativo de inteligencia legal que tenía como objetivo indagar en el patrimonio de Bárcenas y averiguar si tenía escondido dinero en el extranjero.
El extesorero del PP, Luis Bárcenas (c), a su llegada a la Audiencia Nacional.
Pruebas clave
Sin embargo, el fiscal sostuvo en su informe final que el "interés" por la documentación de Bárcenas "se plasmó en las agendas y diarios de Villarejo", una persona que "cuando hablaba con terceros podía incluso fanfarronear o exagerar", pero que cuando escribía en sus agendas "no se engaña a sí mismo" y redactaba "exactamente lo que estaba viviendo", subrayó. "Lo relevante de las anotaciones no es tanto el hecho en sí de la captación como que plasma la participación de todos y cada uno de los encausados", precisó.
Las agendas y grabaciones de Villarejo son las pruebas clave del juicio en las que se respaldan las acusaciones, mientras que las defensas consideran que son indicios "subjetivos" y aseguran que su contenido "no es fiable".
Fiscalía pide 15 años de prisión por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad para Férnandez Díez, Martínez, Pino y Gómez Gordo, mientras que para Ríos solicita 12 años y medio, así como la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía, cargo que presuntamente consiguió por sus actividades para la trama.
Asimismo, pide la condena más baja para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, dos años y medio, por un supuesto delito de encubrimiento. La familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, así como PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular, mantienen su acusación contra el comisario José Luis Olivera, que fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, mientras que Anticorrupción solicitó que se archivase la causa para él.