El Gobierno vasco y Podemos elevan la RGI a 800 euros y blindan su actualización

La apuesta del Gobierno de Urkullu por ampliar los acuerdos y no gestionar a golpe de rodillo aunque tenga mayoría absoluta sigue dando frutos en las leyes de país, lo que en principio garantiza la estabilidad de estas leyes más allá de esta legislatura y las pone a salvo de posibles vaivenes políticos. Es posible también por la implicación de los grupos de la oposición, que están buscando posiciones de centralidad e influencia y, por ahora, la proximidad de las elecciones municipales y forales no ha dinamitado todos los puentes. En ese contexto, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha presentado este martes el acuerdo para la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, donde ha pactado la aplicación de un índice, la tasa de riesgo de pobreza, para elevar las cuantías de esa ayuda social y que no quede al albur del gobierno de turno. El índice, en la actualidad, situaría la prestación en 803 euros y no 737.

El proyecto de ley de la vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, ya incluía que el próximo año 2023 el importe mínimo sería de unos 800 euros porque se toma como referencia la subida del Ingreso Mínimo Vital, que el Gobierno español quiere incrementar en un 8,5%. Así, en 2023, la RGI iba a subir hasta los 800 euros de todos modos. Pero esta negociación ha servido para avanzar y profundizar en esa senda, y se ha encontrado un índice que permitirá garantizar a partir de 2024 una cifra similar a la que se obtendrá en 2023 por aplicar el criterio del IMV. En concreto, la renta máxima de una sola persona beneficiaria nunca podrá ser menor que la tasa de riesgo de pobreza, el 60% de la renta mediana del Estado español, el criterio de referencia en la Unión Europea. En la actualidad, equivale a 803 euros.

En un primer momento se había dejado abierto en el proyecto, de manera que la cifra de cada año se fijaría en el contexto de las negociaciones presupuestarias. Pero Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu creían que era un cabo suelto, y que el próximo Gobierno podría recortar la ayuda. En puridad, un próximo Gobierno también podría hacerlo, pero lo tendrá más difícil, porque deberá cambiar la ley. Para 2023, el proyecto recogía la referencia del IMV del año anterior. Un solo adulto cobraría unos 737 euros. Antes de la presentación del proyecto, iban a ser 727. Aplicando el incremento del IMV, se quedaría en 800. A esa cantidad base habría que sumarle los complementos por hijo o por ser pensionista, por ejemplo. 

A partir de los 18 años, pero tras buscar trabajo un año

La segunda incorporación significativa que ha amarrado el grupo de Miren Gorrotxategi es la reducción del límite de edad para cobrar la prestación, que baja desde los 23 hasta los 18 años. Eso sí, lo hace de manera tasada y no será una renta de emancipación: quien aspire a cobrarla tendrá que acreditar vulnerabilidad y una vida independiente, además de encontrarse en una situación de empleabilidad y búsqueda de trabajo, todo ello en el último año. Es un salto y permitirá cubrir situaciones de vulnerabilidad que se habían escapado del radar del Gobierno, pero son casos limitados. El 91,9% de los jóvenes entre 18 y 24 años vive con sus padres. A pesar de todo, desde el PP, Laura Garrido opinó que este cambio “desincentiva el trabajo” y “podemiza” al Gobierno. Este grupo se aleja ya del acuerdo.

Gorrotxategi compareció en el Parlamento Vasco para presentar el acuerdo sobre la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Defendió que el límite de los 18 años es “un hito a nivel estatal”. Sobre las cuantías mínimas, dijo que suponen “un cambio trascendental”, porque “dejan de quedar al arbitrio del Parlamento” y las cifras siguen “estándares europeos”.

Elkarrekin Podemos-IU añadió que se han afinado las condiciones para la suspensión de la ayuda, “evitando en lo posible que se produzcan suspensiones cautelares automáticas causadas por indicios”. Esto se corresponde con una reflexión que se hacía también desde el equipo de Mendia en casos como la violencia de género, donde podía suceder que a un hombre le suspendieran la ayuda por quebrantar alguna medida cautelar y se vieran perjudicados la mujer maltratada y los hijos. Algunas otras medidas afinan la unidad de inspección.

Pactos con Elkarrekin Podemos-IU

El acuerdo, negociado por David Soto, cubre 47 escaños, casi dos tercios del Parlamento. No es la primera vez que el Gobierno vasco alcanza un acuerdo en una ley troncal con Elkarrekin Podemos-IU. Ya sucedió con las leyes Antipandemia, de Juventud e Igualdad, y con las bases educativas, aunque en los últimos meses ha tenido una posición más crítica en este último ámbito y la sintonía parecía quedar en sordina. El acuerdo llega en puertas de la tramitación de los Presupuestos y permite a este grupo, con tan solo seis escaños, sacar brillo a su presencia en competición con EH Bildu. Es una incógnita la posición de EH Bildu, que había alentado la posibilidad de un acuerdo, pero este martes ha guardado silencio. El Gobierno vasco se abre a un consenso más amplio y aspira a que el Parlamento valide el proyecto este año para que sus compromisos se apliquen cuanto antes.

“Para llegar a acuerdos de país, lo más importante es el contenido, no la foto o marcar perfil. Este pacto contribuye a fortalecer un sistema público de garantía de ingresos para toda la ciudadanía vasca”, defendió Gorrotxategi. Mendia, por su parte, defendió que este acuerdo “amplía a lo político” el consenso con los agentes sociales. Apostó por proteger a más personas vulnerables, pero brindando también “más oportunidades para salir de su situación”. “Y hacerlo de forma tasada, medida. Nuestro sistema de garantía de ingresos no es una renta de emancipación. Pero los jóvenes que acrediten que son vulnerables y tengan un proyecto de vida previo acreditado también estarán protegidos”, recalcó.