El Gobierno vasco exige una relación bilateral con el Estado ante la erosión del Estatuto de Gernika

El roble de Gernika, símbolo del autogobierno, afectado por una plaga que corrompe su tronco. Esa es la metáfora que ha escogido el Gobierno vasco como portada del libro La erosión silenciosa (Higadura isila), que recoge los informes elaborados por el servicio de letrados y que acreditan cómo el Estado ha vaciado buena parte del autogobierno vasco aprobando leyes básicas que entran de lleno en su terreno, o a través de la doctrina del Tribunal Constitucional, con lecturas expansivas a favor de las competencias estatales.

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, denuncia cómo "la letra del Estatuto de Gernika ha resultado devaluada por una exasperante concepción e interpretación, marcada por una fuerte y continuada pulsión recentralizadora y opuesta al reconocimiento de la diversidad". Las 700 páginas repasan trece áreas como la salud, la asistencia social o el caso palmario de la educación no universitaria, la parte más extensa con unas cien páginas plagadas de conflictos a cuenta de la Lomce del PP, el tiempo de lectura o todo tipo de asuntos. Son catorce si se suma el área de régimen jurídico.

Esta lista quiere proyectar que el problema afecta a los vascos en su día a día y no es pura filosofía. Además, carga de razones a la consejería para pedir al Estado una relación bilateral. Garamendi llama al Estado a recuperar la lealtad y el espíritu del Estatuto y cumplir lo pactado e, incluso, plantea una relación "de igual a igual". Se han seleccionado ejemplos accesibles sobre los discapacitados o planes renove de vehículos para hacer pedagogía y que se vea que no es un mero debate de prurito nacionalista sin incidencia en la vida real.

TRECE ÁREAS DE EROSIÓN COMPETENCIAL

Esta injerencia del Estado la ha denunciado este viernes la consejera, en compañía de la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, en una rueda de prensa en Bilbao. Ha llamado a recuperar el espíritu de pacto para que nadie pueda actuar de manera unilateral y, más allá de esa apelación, exige una relación "bilateral" con el Estado que garantice la lealtad entre las partes. A preguntas de los periodistas, reconoció que podrían "recogerse garantías" en un nuevo estatus de autogobierno, aunque matizó que ella se centra desde el Ejecutivo en hacer cumplir el autogobierno reconocido y recuperar el sentido del pacto estatutario.

NUEVO ESTATUS: EL PRÓLOGO DE GARAMENDI

La idea del nuevo estatus sí la desarrolla en el prólogo del libro: plantea un "encaje distinto de Euskadi" y un "sistema de garantías de blindaje y salvaguarda de las competencias vascas en una relación de igual a igual, en una bilateralidad efectiva".

En el libro, propone una vía que ya planteó el lehendakari Urkullu: un Concierto Político, es decir, trasladar con carácter general a las relaciones con el Estado el modelo que ya rige los flujos económicos y financieros entre ambos, el Concierto Económico, donde ninguna de las partes puede imponerse sobre la otra de manera unilateral. Se evitaría así la judicialización.

La consejera recuerda que el debate sobre el estatus está depositado en el Parlamento Vasco, y se posiciona a favor de buscar un consenso. Desmiente que este debate suponga "un riesgo para la estabilidad y para la convivencia", y cree que es un "buen momento" para retomarlo. Esgrime la disposición adicional del Estatuto en virtud de la cual la aceptación del actual régimen de autonomía no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia y que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. Cita, además, "el respeto a la voluntad popular". Estos informes se enviarán al Gobierno español y a otras instituciones de Euskadi y el Estado.

UNA INVASIÓN DE COMPETENCIAS QUE SE BLANQUEA

Garamendi denunció en la rueda de prensa que la erosión es silenciosa y se blanquea, porque pasa inadvertida ante la opinión pública y, además, "está revestida de la legalidad que proclama la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". Añadió que el presidente Sánchez se comprometió a poner fin a los conflictos judiciales y no ha sido así. Citó el conflicto positivo de competencia que ella ha tenido que interponer contra el decreto de administración digital del Estado, y recordó que será "firme" y, al mismo tiempo, tenderá la mano al diálogo.

Denunció que esta erosión es "perjudicial para el mantenimiento del espíritu del pacto estatutario, lleno de un caudal de ilusiones y de teóricas capacidades de diseñar y de poner en marcha políticas públicas en Euskadi que se han visto truncadas y nos han vaciado por dentro en muchas ocasiones". No ve justo que la interpretación sea centralista en un Estado asimétrico.