El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha afirmado que el desarrollo normativo de la Ley del Aborto "llega tarde" y ha reclamado al Ministerio de Sanidad que introduzca "mejoras" en el texto para "reforzar la autonomía y la seguridad" de las mujeres.
El Ejecutivo autonómico considera que el Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Sanidad, por el que se regula la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo y el comité clínico que interviene en los supuestos por causas médicas, supone "un desarrollo necesario" de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero.
No obstante, entiende que su tramitación "llega más tarde de lo deseable" y que el texto presentado "es susceptible de mejoras relevantes", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado. Esta posición ha sido trasladada por Euskadi en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario celebrado este miércoles, cuyo único punto del orden del día ha sido el análisis de este proyecto normativo.
Lakua ha afirmado que el sistema de atención a la interrupción voluntaria del embarazo en Euskadi "ya cumple con las obligaciones" recogidas tanto en la normativa de 2010, como en la posterior reforma de 2023. Por ello, ha indicado que el Departamento de Salud y Osakidetza "garantizan actualmente los requisitos relativos a la información que se facilita a las mujeres y al funcionamiento del comité clínico".
Reforzar la autonomía de las mujeres
En este sentido, ha recordado que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2023, Euskadi ha impulsado medidas dirigidas a reforzar la autonomía de las mujeres, mejorar la transparencia del proceso, y diferenciar claramente la información obligatoria de aquella que se ofrece con carácter voluntario.
Asimismo, el Departamento de Salud ha avanzado en el establecimiento de "garantías" para el funcionamiento de los comités clínicos, con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres y favorecer una atención sanitaria segura y respetuosa.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha planteado tres aportaciones al texto normativo del Ministerio, orientadas a garantizar la eficacia de los procedimientos, reforzar la seguridad clínica y preservar la autonomía de las mujeres, así como a favorecer una comunicación "más humanizada" entre las pacientes y los profesionales sanitarios.
Por causas médicas
El Gobierno Vasco considera necesario precisar que, cuando la interrupción voluntaria del embarazo se realice después de las 14 semanas de gestación por causas médicas, la información sobre los distintos procedimientos posibles se facilite "en el marco de una valoración clínica individualizada".
La finalidad de esta información es que la mujer pueda conocer las alternativas clínicamente adecuadas a su situación, sus beneficios, riesgos y consecuencias, y adoptar una decisión libre e informada. El Departamento propone que la norma recoja que se facilitará a la mujer información sobre los procedimientos posibles y su adecuación a sus circunstancias clínicas, incluidos beneficios, riesgos y consecuencias.
Valoración individualizada
A su vez, plantea que el equipo sanitario realice una valoración individualizada y explique su recomendación, basada en la evidencia científica disponible, para que la mujer pueda escoger libremente entre las opciones clínicamente adecuadas. Cuando un procedimiento no resulte clínicamente adecuado, propone explicar las razones que lo fundamentan.
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez.
Por otra parte, el Departamento de Salud defiende que la información sanitaria y las actuaciones realizadas durante la atención a una mujer puedan quedar registradas en su historia clínica. Este registro --según mantienene-- es necesario para garantizar la continuidad de la atención, la seguridad clínica y la correcta coordinación entre los profesionales que la atienden.
Garantías esenciales
Por ese motivo, el Ejecutivo autonómico solicita que el proyecto de Real Decreto "recoja expresamente" esta posibilidad y respete la capacidad organizativa de los servicios de salud para incorporar esta información a sus sistemas de historia clínica, "siempre con plenas garantías de confidencialidad y protección de datos".
Con esta propuesta, el Gobierno Vasco espera compatibilizar dos garantías "esenciales": que ninguna mujer vea limitado su acceso a la información por tener que identificarse; y, al mismo tiempo, que quienes reciben atención sanitaria cuenten con un registro clínico seguro que proteja su confidencialidad y favorezca una atención coordinada.
Por otra parte, considera necesario "delimitar con mayor claridad" las funciones del comité clínico y las del equipo sanitario que atiende directamente a la mujer. El Ejecutivo autonómico estima que mientras que corresponde al comité clínico valorar los casos que se someten a su consideración y emitir el dictamen correspondiente, la información y la comunicación directa con la mujer "deben recaer en los profesionales sanitarios que participan en su diagnóstico y atención". Esta diferenciación --a su juicio-- contribuiría a garantizar una comunicación más cercana, coherente y humanizada, además de a preservar la continuidad asistencial.
Las mujeres en el centro del proceso
El Gobierno Vasco considera que el desarrollo normativo debe contribuir a "consolidar un modelo de atención que sitúe a las mujeres en el centro del proceso, garantice el ejercicio efectivo de sus derechos y proporcione seguridad clínica y jurídica tanto a las pacientes como a los profesionales sanitarios".
Por ello, Euskadi plantea que el nuevo Real Decreto incorpore las mejoras propuestas y "respete la capacidad organizativa" de los servicios autonómicos de salud, con el objetivo de "asegurar una atención integral, segura, confidencial y respetuosa con la autonomía de las mujeres".