El Gobierno vasco aprueba la concesión y el pago de la ayuda para la autonomía de las víctimas de violencia machista

Actualizado hace 3 minutos

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este martes la Orden que regula el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica dirigida a mujeres víctimas de violencia de género, prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004. Se trata de una prestación de pago único destinada a facilitar la independización del agresor y la reconstrucción de un proyecto de vida autónomo.

Apoyo económico para iniciar una vida independiente

La ayuda tiene como objetivo contribuir a cubrir gastos derivados de la situación de violencia, como cambios de vivienda, fianzas de alquiler o deudas relacionadas con el proceso de salida del entorno de maltrato. El Ejecutivo autonómico subraya que esta prestación busca reducir la vulnerabilidad económica que afrontan muchas mujeres tras romper con el agresor.

Prevalencia de la violencia machista en Euskadi

En este contexto, el Gobierno vasco ha recordado los datos de las encuestas sobre violencia machista contra las mujeres en Euskadi. En la encuesta sobre acoso, realizada sobre una muestra representativa de 4.500 mujeres de entre 16 y 85 años, el 57 % declaró haber sufrido acoso sexual y/o acoso reiterado en algún momento de su vida. El Ejecutivo ha reiterado su condena rotunda de cualquier forma de violencia machista y su compromiso con la prevención, detección y atención a las víctimas.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha insistido en la importancia de dar el paso y pedir ayuda, señalando que “denunciar y hablar permite activar la protección y los apoyos”. Asimismo, ha subrayado que las instituciones cuentan con recursos especializados para acompañar a las mujeres víctimas “desde el primer momento”.

Datos de solicitudes, concesiones y gasto

La tramitación de esta ayuda ha mantenido un volumen relevante en los últimos años. En 2022 se tramitaron 459 solicitudes, de las que se concedieron 255, con un gasto de 1,59 millones de euros. En 2023, las solicitudes ascendieron a 667, con 385 concesiones y un gasto de 2,34 millones. En 2024, se registraron 609 solicitudes, de las que se concedieron 364, con un desembolso de 2,25 millones de euros.

En 2025, con datos provisionales entre enero y octubre, se han concedido 267 ayudas, con 1,6 millones de euros ya destinados, y se ha previsto un incremento presupuestario de 681.680 euros para atender las concesiones hasta final de año. En conjunto, entre 2022 y 2024 se han destinado 6,19 millones de euros, cifra que alcanzará los 8,48 millones con la previsión para 2025.

Los principales motivos de denegación están relacionados con el incumplimiento de requisitos, como no acreditar la condición de víctima en la forma prevista, superar el umbral económico establecido o la incompatibilidad con otras prestaciones. Desde su puesta en marcha, la ayuda ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de 35 concesiones en 2009 a 365 en 2024, multiplicándose por más de diez.

Ayudas a hijas e hijos huérfanos por violencia machista

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico cuenta además con una ayuda económica específica para hijas e hijos de víctimas mortales de violencia machista. Está dirigida a menores de edad en el momento del fallecimiento y puede solicitarse hasta los 21 años, con el requisito de residencia efectiva en Euskadi. Desde la aprobación del decreto se han concedido seis ayudas, por un importe total de 94.560 euros, y hay expedientes actualmente en tramitación.

Refuerzo de la atención a mujeres mayores

El Gobierno vasco ha anunciado también un refuerzo específico de la atención a mujeres mayores, un colectivo que puede encontrar mayores barreras para identificar o solicitar ayuda.

Aunque la prevalencia de determinadas formas de acoso disminuye con la edad —en el grupo de 65 a 85 años se sitúa en torno al 39,9 %—, el Ejecutivo advierte de que la violencia machista también afecta a este grupo y puede permanecer oculta durante años. Entre las medidas previstas figuran el refuerzo de la detección desde el ámbito sociosanitario, la formación de profesionales y la mejora de la accesibilidad a la información y a los recursos de acompañamiento.