Las peores previsiones del Gobierno de Imanol Pradales se han confirmado, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dejado a los pies de los caballos el sistema de perfiles de euskera que se exigen para garantizar la atención bilingüe en la administración pública. En concreto, ha pedido al Tribunal Constitucional que examine el artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público sobre los perfiles lingüísticos. Las fuentes consultadas en el departamento de Cultura y Política Lingüística que dirige la vicelehendakari jeltzale Ibone Bengoetxea aseguran que esta decisión es “muy grave”, y se reafirman en la defensa de “la legalidad vigente y el derecho de la ciudadanía a un sector público bilingüe”. No realizarán más valoraciones hasta que haya novedades sobre este contencioso.
El Gobierno vasco sigue pensando que esta decisión pone en cuestión todo el sistema de normalización que se ha articulado durante cuatro décadas. El detonante de esta situación lo han sido los recursos que presentaron PP y Vox al decreto 19/2024 de uso del euskera en marzo de 2025, una queja que el tribunal ha aprovechado para poner en solfa la exigencia misma de perfiles. El Ejecutivo de Pradales había tratado de hacer pedagogía para aclarar que no se debe confundir la exigencia de un perfil lingüístico en todos los puestos con su fecha de preceptividad real. Es decir, que se exija un perfil no significa que pase a ser obligatorio de manera automática, sino que solo será así a partir de la fecha de preceptividad que se establezca y, hasta entonces, contará únicamente como mérito. Hay plazas que llevan décadas sin esa obligación. Pero el TSJPV le niega la mayor. Según ha decidido este tribunal en un auto que no puede ser recurrido, asignar un perfil “no es inocuo” porque la intención de la administración es activarlo en algún momento, y “no es necesario esperar a que se determine una fecha de preceptividad por cuanto que ese momento va a llegar, aunque se ignore cuándo”. “El hecho de contar todos los puestos con perfil lingüístico asignado y no solo aquellos que en virtud del principio de proporcionalidad lo puedan exigir supone un elemento objetivamente disuasorio para quienes aspiran a acceder al empleo público y son castellanohablantes”, sostiene.
Y, si el Gobierno vasco había dicho que la Ley de Normalización del uso del euskera de 1982 y la Ley de Función Pública de 1989 ya fueron avaladas por el TC, el superior vasco le responde que la exigencia de perfiles no ha sido tratada de “forma específica” hasta el momento por el TC. Según dice, el artículo 23 de la Constitución española establece que, para que haya proporcionalidad, no podrá exigirse el conocimiento de la lengua cooficial respecto de todos los puestos.
Voto particular
Pero este auto del superior vasco cuenta con un voto particular de uno de los tres magistrados , que cree que la ley vasca “no ocasiona desequilibrio alguno respecto al castellano”, que este precepto de los perfiles lleva implantado “muchos años y ya fue validado por el Tribunal Constitucional respecto a la normativa catalana, aún más exigente respecto al conocimiento de la lengua cooficial”. Por otro lado, desde EH Bildu, Josu Aztiria llamó a participar en el acto de Kontseilua de este sábado en Bilbao para convertir la ofensiva judicial en un movimiento social a favor del euskera, y solicitó “una nueva política lingüística” y un nuevo estatus jurídico político que la sustente.