Con la legislatura en el tiempo de descuento, el Gobierno español ha decidido ir un paso más allá en su ofensiva contra la proliferación de universidades privadas de dudosa reputación. El Real Decreto que pone coto a las universidades 'chiringuito' parece haberse quedado corto y lleva menos de un año en vigor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el inicio de la tramitación de un nuevo Real Decreto orientado a garantizar la calidad de cada titulación y contener la oferta online desmedida de las entidades privadas con escasa trayectoria docente e investigadora.
Durante su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) de Madrid, acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el jefe del Ejecutivo explicó que la futura regulación dará un salto cualitativo al trasladar las exigencias docentes directamente a cada grado y máster de forma individualizada, y no solo de manera global para todo el centro. Así, la nueva norma obligará a que un 50% de los profesores de cada titulación cuenten con el título de Doctor —frente al modelo actual que computa la mitad de doctores en el conjunto de la universidad— y a que al menos un 40% disponga de un contrato a tiempo completo. La idea del Ejecutivo sería abordar de forma simultánea la calidad de la enseñanza y la precariedad laboral en las aulas.
El plan de Sánchez pone también el foco en el vertiginoso auge de la educación a distancia en las instituciones privadas, donde se impondrá la obligatoriedad de la docencia presencial "allí donde la materia lo requiera", con especial hincapié en el área sanitaria. Durante su comparecencia, Sánchez fue rotundo al referirse al modelo de negocio de determinados centros privados al sentenciar que "un centro universitario no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos universitarios, tiene que ofrecer docencia de calidad", añadiendo que su Gobierno va a "evitar que algunas privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones para ampliar su oferta online sin garantizar los estándares de calidad y presencialidad".
En su diagnóstico del sistema universitario, el presidente alertó sobre la brecha creciente entre la educación pública y la privada durante la última década, periodo en el que las matriculaciones en la pública apenas aumentaron un 3% mientras que en la privada se dispararon un 128%. Sánchez atribuyó este fenómeno a la infrafinanciación de la universidad pública en varias comunidades autónomas debido a decisiones políticas deliberadas y a la existencia de una enorme demanda insatisfecha de plazas que termina expulsando a los estudiantes hacia el sector privado por la elevación de las notas de corte.
"No son buenos tiempos para el sistema público universitario; en esta última década el número de matriculados en la universidad pública ha crecido un 3% y en las privadas un 128%. ¿Por qué la universidad pública está perdiendo terreno frente a la privada?", se preguntó Sánchez para aterrizar el fenómeno de la privatización galopante que está viviendo la educación superior estatal, sobre todo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Asimismo, enfatizó las consecuencias de este cuello de botella en las plazas públicas advirtiendo que «cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda suben las notas de corte y muchos estudiantes se quedan fuera y empieza a pesar más el bolsillo que el mérito. Una elección forzada por falta de alternativas es una coacción que no garantiza la igualdad de oportunidades».
Consenso con el sector y nuevas barreras de entrada
La ministra Diana Morant apoyó el mensaje defendiendo el valor insustituible del campus físico y la convivencia en aulas y pasillos frente al aislamiento del aprendizaje exclusivamente virtual. Este nuevo paso normativo se trabajará de forma consensuada con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y profundizará el camino marcado por el Real Decreto 905/2025, el cual fijó duras barreras de entrada para crear nuevos centros como la impartición mínima de diez grados, seis másteres y tres doctorados, la obligatoriedad de destinar un 5% del presupuesto a investigación propia y la exigencia de garantizar residencia para el 10% del alumnado.
Han pasado 11 meses y 12 días desde que se aprobó la ley contra los 'chiringuitos' universitarios, cuya accidentada tramitación duró más de medio año, y ya se ha quedado desfasada. Habrá que ver qué capacidad tienen las universidades, sobre todo las privadas, para que la mitad del profesorado de cada una de sus titulaciones tenga el doctorado, teniendo en cuenta que solo el 72% del profesorado universitario cuenta con el título de doctor, según los últimos datos oficiales publicados por la Estadística de Personal de las Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Sistema Integrado de Información Universitaria.
Asimetría entre la universidad pública y la privada
La radiografía del personal docente e investigador, analizada al detalle por el Informe CYD de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, revela una notable asimetría entre las universidades públicas y el sector privado. Mientras que en los centros públicos el porcentaje de doctores roza el 77% debido a los requisitos de los cuerpos de funcionarios, en las universidades privadas el ratio desciende hasta situarse en el entorno del 54%. La asimetría entre centros públicos y privados se vuelve a reproducir en el plano de la estabilidad de las plantillas. A día de hoy, 85.000 profesores universitarios cuentan con un contrato permanente, lo que representa el 60,1% de la plantilla docente, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por su parte, el Informe CYD destaca que las universidades públicas apenas el 54,8% del profesorado goza de estabilidad laboral, repartida entre funcionarios de carrera y laborales fijos, dejando al resto bajo figuras de interinidad o contratos temporales que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) obliga a reducir. Por el contrario, en las universidades privadas los contratos indefinidos se disparan hasta alcanzar al 85,6% de su plantilla, aunque el sector afronta el reto de que gran parte de estos puestos estables se firman con jornadas a tiempo parcial.