El Gobierno español se muestra satisfecho por la retirada de la inmunidad a Puigdemont y pide que se presente "ante la Justicia"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este miércoles que "el Gobierno está muy satisfecho" con la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont, al tiempo que ha pedido que se presente "ante la Justicia".

"Dejémonos de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la Justicia. Esa es su obligación como ciudadano", ha advertido Llop en declaraciones a los medios tan solo unos minutos después de que el tribunal europeo haya desestimado el recurso de Puigdemont contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad europarlamentaria.

En este contexto, Llop ha asegurado que la decisión de la Justicia europea "es un espaldarazo y un respaldo indudable a las instituciones y la Justicia española y también al Parlamento Europeo".

Así las cosas, la ministra ha dejado claro que España "es un Estado de derecho". "Y podemos decir que gracias a la actuación que ha tenido este Gobierno la ley se cumple en Cataluña. Muy distinto de lo que ocurría hace cinco años cuando había un Gobierno del PP, donde lo que encontrábamos era que los responsables huían de la acción de la Justicia", ha apostillado.

Por último, Llop ha sido preguntado sobre si la reforma relativa a los delitos de rebelión y sedición ha tenido algo que ver con esta decisión del TGUE. "Evidentemente el Gobierno lo que ha hecho en estos últimos cinco años ha sido trabajar por la convivencia en Catalunya y restaurar esos puentes que se habían roto", ha sostenido.

LOS ARGUMENTOS DEL TGUE

En su sentencia de este miércoles, el TGUE también echa por tierra todos los motivos formulados por Puigdemont y también por los eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín, en particular sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de los diputados.

Considera que el proceso judicial español tiene lugar en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era "hipotética", y afectaba también a otras personas que no eran miembros del Parlamento Europeo. En este sentido, indica que durante el suplicatorio "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles", puesto que esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales.

Igualmente, rechaza el argumento de que la Eurocámara fue imparcial al designar como ponente al eurodiputado búlgaro de ultraderecha, Angel Dzhambazki, que pertenece al mismo grupo parlamentario que Vox o que la comisión de Asuntos Jurídicos que pilota el suplicatorio organizara lo tres expedientes en un mismo caso.

En este sentido, el tribunal con sede en Luxemburgo defiende que nada impide que que se designe un único ponente para examinar varios expedientes de inmunidad vinculados, cuando los suplicatorios se refieren a diputados objeto de un mismo proceso penal.

Sobre la designación de Dzhambazki, la sentencia recalca que el diputado que hace las veces de ponente "por definición no es políticamente neutro" y se encuadra en un grupo político. "Actúa no obstante en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento", ha señalado.

Según el TGUE, es "en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad" la pertenencia al grupo parlamentario y aunque señala que comparte grupo con Vox, que promovió el proceso penal contra los tres diputados, "no puede ampliarse, como regla, al conjunto de los miembros del grupo de Conservadores y Reformistas.