El Gobierno español se ha quitado un peso de encima al conseguir sacar adelante una de las leyes más controvertidas de la legislatura con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, además con el argumento de que la norma sirvió para la “reconciliación” en Catalunya. Sin llegar a echar las campanas al vuelo ante el riesgo cierto de que lo que queda de batalla judicial para que Carles Puigdemont pueda regresar de su exilio en Waterloo (Bélgica), varios ministros socialistas del Ejecutivo de Sánchez no han ocultado su satisfacción por la legitimación internacional recibida desde Luxemburgo.
Uno de los que ha respirado con alivio ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha afirmado este jueves que ya no hay dudas sobre esa norma y ha pedido que se aplique plenamente a los líderes independentistas "lo antes posible".
Tensiones políticas
Bolaños ha hecho estas consideraciones en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa después de que el TJUE haya considerado que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el proceso independentista en Catalunya.
Para el titular de Justicia, tras esa decisión se ha confirmado que la ley es constitucional y conforme al derecho europeo.
Por ello, ha reclamado que se aplique ya a los líderes políticos que impulsaron el procés independentista, entre los que se encuentra el expresident Carles Puigdemont.
Esa será la última etapa de normalización institucional, política y social en Catalunya, ha declarado Bolaños, que ha dicho que "hoy es un gran día", en referencia a la sentencia. Ha recordado lo que el Gobierno "arriesgó" para "traer de vuelta la normalidad y la convivencia" con esta norma.
“ La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar el conflicto político y social que se vivió en Catalunya ”
Félix Bolaños - Ministro de Justicia y para la Presidencia
Bolaños se ha mostrado convencido de que después de las "suspicacias" y el "rechazo" que pudo generar la aprobación de la ley en su momento y una vez vistos sus efectos "hoy nadie, ni sus críticos, querría renunciar a sus frutos".
En el Gobierno español buscaban una legitimación estatal e internacional y esperaban un fallo favorable y que se dictamine que su apuesta no contravenía el marco legal europeo. En la elaboración de la ley se tuvo en cuenta en todo momento el derecho internacional.
La sentencia de la corte europea no supone automáticamente el regreso de Puigdemont ni el fin de los procesos judiciales, pero sí un impulso todavía más claro al papel de Sánchez y del PSOE en el escenario catalán, sobre todo con vistas a las próximas elecciones generales. Si en un principio contaban con que un eventual retorno de Puigdemont facilitaría el acercamiento a Junts, formación clave para sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados, la portavoz catalana Miriam Nogueras ya ha dejado claro esta semana que no les apoyarán en las propuestas principales, entre ellas los presupuestos generales del Estado.
“ El PP sigue creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad ”
Miguel Tellado - Secretario general del PP
Desde el PP, su secretario general, Miguel Tellado, ha expresado el "respeto absoluto" por la resolución del Tribunal europeo sobre la Ley de Amnistía, pero ha insistido en su crítica a esa norma que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez porque, según ha recalcado, el debate "nunca fue solo jurídico" y "ningún presidente debe cambiar poder por impunidad".
A juicio del número dos del PP, el fallo "ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de siete votos", ha manifestado en un vídeo grabado que ha difundido el partido tras conocerse esa resolución.
Tellado ha indicado que "lo más importante es remarcar que el debate respecto a la amnistía nunca fue sólo jurídico, ni mucho menos" y ha añadido que "la pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura". Además, ha indicado que el PP sigue creyendo que "ningún presidente debe cambiar poder por impunidad".
Por su parte, el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha señalado que "no hay ya vuelta de hoja: la Ley de Amnistía forma parte con todas las consecuencias de nuestro marco legal y, por tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento. Ya no hay ningún obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida la plena aplicación de la ley", ha dicho en una declaración institucional desde la Generalitat.