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El Gobierno español mantendrá la rebaja del 10 % en el IVA sobre los carburantes como medida "temporal" para hacer frente a la carestía de la energía como consecuencia de la inestabilidad en Oriente Próximo, a pesar del aviso remitido por carta por la Comisión Europea de que esta rebaja choca con las reglas de la Unión Europea.
"El Gobierno mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea", indicaron este miércoles a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda en relación al caso, al tiempo que subrayaron que la medida es en todo caso "temporal y no estructural" y se mantendrá hasta la fecha prevista, el próximo 30 de junio.
Este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió la medida como "completamente justificada ante la situación" actual. En declaraciones a la prensa tras mantener una reunión con los agentes del sector gasista y petrolero, la ministra respondió así al ser cuestionada sobre la advertencia de Bruselas al Estado español por esta rebaja fiscal y defendió que, ante una situación como la actual, la prioridad es "proteger a los consumidores que están más afectados".
"Evidentemente los carburantes han sido uno de los ejes principales", subrayó, recalcando que, aún así, se trata de "una medida de momento temporal" y sobre la que se está en "constante y permanente" monitorización de la situación. "De momento, la tenemos tres meses encima de la mesa, seguimos trabajando en otro paquete de actuaciones y medidas y, por supuesto, tenemos contacto con la Comisión Europea y esperamos que no tenga repercusiones", añadió, confiando en que la medida siga en marcha lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados.
El aviso de Bruselas
El Ejecutivo comunitario envió una carta a las autoridades españolas el pasado sábado 28 de marzo para advertir al Gobierno de que la directiva europea sobre IVA "no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible", explicó a Europa Press la portavoz comunitaria de fiscalidad, Louise Bogey.
La comunicación al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que supone una primera toma de contacto oficial de Bruselas sobre el asunto pero no el inicio de un expediente, sí apuntaba otras alternativas compatibles con la legislación comunitaria a la hora de responder a la subida de precios de la energía como son los impuestos especiales sobre los carburantes.
En este contexto, desde Hacienda insistieron en que el Gobierno mantiene un diálogo "fluido" con la Comisión Europea, pero defienden la viabilidad de la medida en tanto que es una respuesta "temporal". "La prioridad del Gobierno es y será apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que jamás debería haber empezado", recalcaron las fuentes ministeriales.