El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción de Juventud hasta 2028, que prevé movilizar casi 60.000 millones de euros para más de 300 medidas en educación, empleo, vivienda, salud, igualdad y participación. Su dotación supone un incremento del 79% respecto al anterior plan, aprobado en 2023 con 33.000 millones.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado que el documento incluye becas y ayudas al estudio, programas de empleo juvenil, el Bono Cultural Joven, iniciativas de movilidad como el Verano Joven y políticas de emancipación. El plan establece las actuaciones y los compromisos de inversión de los distintos ministerios y se organiza en doce ejes, con mecanismos de seguimiento y evaluación.
Más inversión en educación y empleo
El mayor incremento corresponde a educación y formación, con 3.152 millones de euros adicionales, seguida del empleo, con 930 millones más, y de la salud, con otros 626 millones. También aumenta la financiación destinada a proteger a jóvenes en riesgo de exclusión o discriminación, con 201 millones adicionales, y a la juventud del medio rural, con un refuerzo de 141 millones.
Demandas sobre vivienda
El documento recoge asimismo reivindicaciones de las entidades juveniles en el apartado Horizonte Joven 2030. Entre ellas figuran reservar el 30% de la nueva edificabilidad residencial para vivienda protegida en alquiler asequible, movilizar pisos vacíos, adoptar medidas fiscales contra la especulación y prohibir las viviendas turísticas en zonas tensionadas.
Estas peticiones incluyen reforzar la protección frente a los desahucios, garantizar los suministros básicos y facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas directas. Su inclusión en el documento no significa que todas se hayan traducido en medidas aprobadas: Rego ha señalado que también se mantienen demandas sobre las que no se ha alcanzado un acuerdo.
Participación de más de 70 entidades
La elaboración del plan comenzó en 2024 y ha contado con más de 70 entidades juveniles y mesas de trabajo con 15 ministerios. Según la ministra, es la primera vez que este instrumento se construye mediante un proceso participativo de estas organizaciones.
El texto incorpora tanto los compromisos alcanzados como las respuestas de los ministerios a las peticiones pendientes. "Las reivindicaciones no se borran porque no hay acuerdo", ha defendido Rego, que considera el documento una herramienta abierta para seguir negociando y exigir responsabilidades.