El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar este martes, 28 de julio, el decreto ley en materia de vivienda que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 o elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos. Sin embargo, el real decreto pactado entre PSOE y Sumar no ha concitado los apoyos parlamentarios para su aprobación y queda pospuesta a después del verano, según han confirmado fuentes del Gobierno español.
Tras semanas intensas de negociación, el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo "amplio y transversal" para sacar adelante un "ambicioso" paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible.
"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", han explicado las mismas fuentes.
Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha subrayado que hará todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.
En una rueda de prensa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, insistió, al igual que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en que, con más tiempo, es posible alcanzar un "gran acuerdo" con los grupos parlamentarios para aprobar el decreto en septiembre.
Giro de 180 grados
Junts per Catalunya ha cargado este lunes contra la gestión del Gobierno en materia de vivienda y le ha pedido un "giro de 180 grados" para apoyar el decreto ley que el Ejecutivo ha pospuesto para septiembre por falta de apoyos parlamentarios.
El partido de Carles Puigdemont ha pedido al Gobierno más tiempo para negociar el texto, en el que ha propuesto recientemente incluir nuevas propuestas en materia de fiscalidad, además de solicitar cambios en lo referente a desahucios y a la regulación de los alquileres de temporada.
En un comunicado, Junts reprocha al Gobierno que impulse medidas que, a su juicio, no resuelven el problema de fondo y le reclama que aproveche el periodo de verano para estudiar sus propuestas.
Entre ellas menciona desgravar el alquiler, recuperar las cuentas vivienda para jóvenes, incentivar la obra nueva y la rehabilitación, movilizar suelo disponible y favorecer un mayor parque de viviendas.
ERC culpa al PSOE
Por su parte, la portavoz de vivienda de ERC en el Congreso, Etna Estrems, ha responsabilizado al PSOE de la situación. "Ahora todo son prisas y lamentos, pero lo más grave es que el PSOE, cuando sí tenia mayoría de izquierdas en el Congreso, actuó como una derecha más, al no regular el alquiler de temporada y de habitaciones, que se han convertido en la principal vía para esquivar la regulación de los precios y seguir alimentando la especulación", ha lamentado Estrems.
En rueda de prensa en Génova, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que los 'populares' "se alegran" de que el decreto ley de vivienda "no llegue al consejo de Ministros" y que lo que se necesita es "una ley antiocupación y construir más vivienda", con políticas "muy diferentes a las que propone el PSOE".
Amnistía urbanística
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha recalcado este lunes que el decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno envió a los grupos la semana pasada y cuya aprobación ha retrasado a septiembre era "una auténtica temeridad" y suponía una "amnistía urbanística para los grandes pelotazos".
En una rueda de prensa en la sede del partido, Fernández ha vuelto a denunciar que el Gobierno pretendía "colar por la puerta de atrás" una reforma de la Ley del Suelo con una norma que, a su juicio, implicaba "tomar como rehenes a los inquilinos y a los millones de personas que a día de hoy no pueden ni comprar una casa ni alquilar una vivienda".
Fernández ha recordado que Podemos, junto con otros grupos de izquierda, ya impidió la aprobación en el Congreso esa reforma de la Ley del Suelo que ahora "el Gobierno quiere colar por decreto en pleno verano, cuando cree que nadie está mirando". Ese texto, ha protestado, permitiría "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros" y limitaría de forma importante la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.