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El Gobierno prevé aprobar este martes, 3 de noviembre, un real decreto con ayudas económicas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y decenas de heridos. El Consejo de Ministros recibirá también un informe del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con los datos disponibles sobre el siniestro.
Según han confirmado fuentes de Moncloa, el propio ministro comparecerá en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo para explicar tanto el contenido del informe como las medidas de apoyo a los afectados. Desde el Gobierno señalan que la aprobación de estas ayudas seguirá el procedimiento habitual en este tipo de tragedias.
Además, Puente comparecerá el martes ante la Diputación Permanente del Congreso para dar cuenta de la información recabada hasta el momento sobre el accidente. La doble comparecencia llegará en plena presión política para que el ministro ofrezca explicaciones sobre lo ocurrido.
A fecha de este domingo, el balance del siniestro se mantiene en 69 víctimas mortales, mientras que 41 personas permanecen hospitalizadas, 16 de ellas en unidades de cuidados intensivos, según los últimos datos difundidos por RTVE.
Una grúa trata de levantar uno de los convoyes de los trenes siniestrados el pasado miércoles en Urda (Toledo)
El precedente de las ayudas por los accidentes de Adamuz y Gélida
Para diseñar el nuevo paquete de medidas, el Gobierno cuenta con el precedente de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), ocurridos en enero de 2026. Tras aquellos siniestros, el Ejecutivo aprobó un paquete de 20 millones de euros destinado a proporcionar apoyo inmediato a las víctimas y sus familias, además de anticipar parte de las indemnizaciones correspondientes.
El sistema contemplaba dos cantidades por fallecimiento: 72.121,46 euros en concepto de ayuda directa y otros 72.121,46 euros como anticipo de la indemnización por responsabilidad civil. Ambas estaban exentas de tributación y no tenían carácter reembolsable en el caso de la ayuda directa.
A estas cantidades se añadía la indemnización del Seguro Obligatorio de Viajeros. De acuerdo con la información publicada por el Gobierno, los familiares de una persona fallecida podían recibir 216.364,38 euros durante los tres primeros meses, sumando los tres conceptos.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 30 de octubre de 2026, en Madrid.
Ayudas también para las personas heridas
El mecanismo aprobado entonces también incluía compensaciones para quienes habían sufrido lesiones. Las cuantías se fijaban en función de la gravedad de los daños y del baremo establecido para el Seguro Obligatorio de Viajeros.
En concreto, las ayudas directas oscilaban entre 2.404,04 y 84.141,70 euros. El mismo importe se contemplaba como anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil, al que podían añadirse las cantidades correspondientes al seguro obligatorio.