El futuro judicial del Palacete de Getxo en el aire tras un giro en la jurisprudencia sobre patrimonio

Actualizado hace 2 horas

El horizonte judicial del polémico derribo del Palacete Irurak Bat, situado en el municipio de Getxo, ha dado un giro inesperado que podría comprometer la continuidad de la instrucción penal. El magistrado Marcos Amor, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, ha dictado un auto en el que cuestiona formalmente la viabilidad de la causa. En esta resolución, se insta a las partes personadas a que se pronuncien sobre si el procedimiento debe seguir adelante o, por el contrario, procede el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

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OV | EP

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Esta decisión del instructor se fundamenta en la reciente irrupción de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) referida al proyecto 'La Aldea', en la calle Zubitxoa de Neguri. Dicha resolución establece una doctrina que choca frontalmente con las tesis que sostenían hasta ahora la acusación en el caso del palacete getxotarra, al dictaminar que la inclusión de un inmueble en la custodia municipal no conlleva automáticamente su blindaje como bien cultural de protección básica.

Precedente de 'La Aldea'

El caso del Palacete Irurak Bat, que fue demolido en agosto de 2024 para dar paso a una promoción de viviendas de lujo, cuenta actualmente con diez personas investigadas por un presunto delito contra el patrimonio histórico. Sin embargo, la base jurídica de la acusación ha quedado debilitada tras el pronunciamiento del alto tribunal vasco.

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Hasta la fecha, gran parte del peso documental de la causa descansaba sobre una sentencia previa del Tribunal de Instancia de Bilbao, aportada en su día por la representación de EH Bildu, que favorecía la protección del inmueble. No obstante, el TSJPV ha revocado dicha resolución al analizar el caso de un edificio distinto en la calle Zubitxoa número 1. La nueva jurisprudencia aclara que los bienes bajo custodia municipal no adquieren de forma "automática" la categoría de protección cultural que impediría su derribo.

Ante esta "posible relevancia para el objeto de las presentes diligencias", el juez Amor considera imprescindible evaluar si la conducta de los investigados sigue teniendo un encaje penal o si, bajo el nuevo criterio del TSJPV, el derribo se ajustó a la legalidad administrativa vigente en aquel momento.

Suspensión de la declaración de los peritos

Como consecuencia inmediata de esta incertidumbre jurídica, el juzgado ha acordado la suspensión de las comparecencias que estaban programadas para este pasado viernes. Los técnicos peritos Urko Balziskueta y Amaia De Felipe, quienes estuvieron vinculados a la solicitud de la licencia para las viviendas de lujo en el solar del palacete, no han llegado a prestar testimonio.

La decisión de posponer estas testificales busca evitar actuaciones procesales que podrían resultar inútiles si finalmente se decide que el caso no tiene recorrido penal. El magistrado ha dado un plazo de diez días a todas las partes para que formulen sus alegaciones sobre la incidencia de la sentencia del TSJPV y propongan las consecuencias procesales que estimen oportunas.

Acceso a los dispositivos electrónicos, en pausa

Otro de los puntos críticos que ha quedado bloqueado por este nuevo escenario es el análisis de las pruebas tecnológicas. La Ertzaintza había solicitado autorización judicial para acceder al contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las entradas y registros realizados en el marco de la investigación.

Sin embargo, el juez instructor ha decidido que esta petición "no puede ser resuelta de manera aislada". El acceso a la intimidad y a la información contenida en esos dispositivos es una medida invasiva que solo se justifica si existe una causa penal sólida. Por ello, la resolución sobre el peritaje de estos equipos queda diferida al momento en que se aclare si el procedimiento continúa o se dicta su terminación.

El auto emitido por el Juzgado de Getxo no es firme, lo que abre la puerta a que las acusaciones o las defensas presenten recursos de reforma ante el propio juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia. En las próximas semanas se determinará si el derribo del palacete de la custodia municipal de Getxo sigue el camino de los tribunales o si el precedente de 'La Aldea' pone el punto final a una de las polémicas urbanísticas más mediáticas de los últimos tiempos en Bizkaia.