Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y expresidente de Correos, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que anule los dos volcados de su teléfono móvil realizados en el marco del denominado "caso Leire Díez". En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa reclama "la destrucción o, en su defecto, la inutilización definitiva" de las copias obtenidas. También exige la devolución inmediata del terminal, "sin que pueda ser objeto de nuevo clonado, análisis o acceso alguno".
Un segundo clonado en presencia de su abogado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil clonó por segunda vez el teléfono de Serrano el pasado agosto, después de que el primer volcado, efectuado en mayo, se realizara sin la presencia de su abogado.
Serrano solicitó entonces la nulidad de ese primer clonado y Pedraz ordenó repetirlo, esta vez en presencia del investigado y de su letrado. El expresidente de Correos recurre ahora esta decisión al considerar que la irregularidad inicial no puede subsanarse mediante una nueva copia. "Una resolución judicial posterior no puede sanar la vulneración de una garantía esencial", sostiene la defensa.
Dudas sobre la cadena de custodia
El escrito cuestiona además la prolongada custodia policial del dispositivo sin supervisión externa. Según Serrano, durante ese periodo de aproximadamente mes y medio pudo producirse algún acceso no documentado al terminal. Por ello, su defensa entiende que no puede garantizarse que los datos extraídos no fueran alterados o manipulados mientras el teléfono permaneció en poder de los investigadores.
Serrano también asegura que no fue informado hasta el mismo día del segundo volcado de la posibilidad de localizar y designar previamente a un perito que pudiera supervisar y cuestionar el procedimiento. "Una vez practicado el clonado sin la presencia del perito de parte, resulta materialmente imposible reproducir las condiciones en que dicho acto se desarrolló", señala el escrito.
A su juicio, revisar posteriormente el informe pericial o plantear objeciones durante el juicio oral no permitiría corregir el defecto denunciado. La defensa añade que tampoco existía una resolución judicial que respaldara la comunicación de su condición de investigado y la incautación del teléfono. Por el contrario, sostiene que había un auto anterior que se negaba expresamente a atribuirle esa condición.